Denuncia que las casas no son inspeccionadas y muchas siguen sin registrarse
19 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los hosteleros de Barbanza tenían puestas muchas esperanzas en el decreto elaborado por la Xunta para regular las viviendas turísticas. Ansiaban que dicha normativa pusiera fin a las ilegalidades que algunos estaban cometiendo al alquilar pisos y casas. Pero, en general, el sector se ha llevado un chasco. Los empresarios aseguran que sigue existiendo en la comarca un número elevado de alojamientos que están sin registrar y que a muchos de los que se han inscrito no se les ha realizado inspección alguna, lo que constituye para los críticos una situación de competencia desleal.
Hay quien no duda en referirse a estos inmuebles como la gran amenaza del sector hostelero. «O decreto da Xunta é unha trampa, unha norma demasiado flexible que só persegue cobrar unhas taxas, pero sen resolver o problema de fondo. É de risa», critica con dureza la empresaria rianxeira María del Carmen Ferreirós. Argumenta que sabe muy bien de lo que habla, puesto que se da la circunstancia de que regenta un complejo de turismo rural, al tiempo que ofrece una de las denominadas viviendas turísticas: «Os únicos requisitos que me puxeron para abrir ao público foi pagar un canon duns 50 euros, ter seguro de responsabilidade civil e ser autónoma. Levo alugando a vivenda desde xullo e ninguén veu mirar como está. En cambio, para os negocios dedicados ao turismo todo son problemas».
También el presidente de la Asociación Turística Ría de Muros-Noia, Manuel Lema, denuncia que, con este decreto, la Xunta no resolvió el principal problema del sector, la competencia desleal: «A normativa é excesivamente branda, ao tempo que os gastos que ten que afrontar un negocio hostaleiro non teñen nada que ver cos dunha vivenda turística». Eso sí, aplaude la existencia de un registro que, a su entender, puede sentar las bases para la tramitación de las denuncias pertinentes: «Unha das obrigas que marca a lei é que nos anuncios de Internet ten que figurar o número de rexistro das vivendas; se non é así, calquera pode denunciar».
Lema considera que el siguiente paso a dar es recurrir a inspecciones pormenorizadas por parte de la Administración, para comprobar que realmente todos los alojamientos que se ofertan a través de la Red figuran en el registro. Reconoce que el número de inmuebles que se han inscrito en el área de Barbanza, casi dos mil, supera las previsiones que él tenía, pero asegura que en la lista no están todas: «Sabemos que a ilegalidade continúa».