Los convenios por guarderías y centros de día cuestan un millón a los concellos

Marta Gómez Regenjo
Marta Gómez RIBEIRA / LA VOZ

BARBANZA

MATALOBOS

Alcaldes de la comarca siguen discrepando con la factura que la Xunta pasa a los ayuntamientos por ambos servicios

15 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Cerca de un millón de euros. Esa es la cantidad que los concellos del área barbanzana deben desembolsar cada año para hacer frente a la parte que les corresponde de los convenios con Política Social para el mantenimiento de centros de día y las escuelas infantiles de la red Galiña Azul. La nada desdeñable cifra resulta de multiplicar las plazas que se ofertan de ambos servicios por la cuota fijada por la Xunta, que asciende a 2.500 euros por usuario en los recintos asistenciales para mayores y que oscila entre los 900 y los 1.500 euros para las guarderías.

Es precisamente en el caso de las escuelas donde hay más diferencias de unos concellos a otros, y también donde surgen más discrepancias entre ambas Administraciones sobre el coste del servicio. En cuando a las variaciones entre distintos ayuntamientos, se deben a que existen dos posibles convenios, y mientras en Rianxo o Mazaricos se ha optado por asumir los gastos de mantenimiento más el pago de 900 euros por plaza, en Muros se abonan 1.500 euros al año por menor a cambio de que sea la Administración autonómica la que se encargue de las facturas derivadas de la conservación del inmueble. Carnota también se ha decantado por compartir gastos.

Sin embargo, los alcaldes no acaban de comulgar con esta propuesta, aunque, como matizaba el regidor rianxeiro, Adolfo Muíños, «unha vez a que Xunta o meteu nos orzamentos non queda outra que pagar, si ou si, porque detraen a cantidade que sexa dos ingresos que nos corresponden».

Caso singular

El objetivo de la Administración autonómica era homogeneizar una situación en la que se daban importantes diferencias entre la cuantía que debían abonar unos concellos y otros en función del tipo de convenio que hubieran suscrito con la consellería. Sin embargo, este objetivo no se ha conseguido porque se dan casos singulares como el del Ayuntamiento de Boiro, que tiene acuerdos distintos para sus dos escuelas infantiles. Mientras que en la de Praia Xardín, la más antigua, paga 1.500 euros al año por plaza ocupada, de los que se deducen los gastos de mantenimiento, en la de O Saltiño el importe es de 900 euros por cada niño.

Precisamente, la deducción de los costes de mantenimiento es una cuestión que la alcaldesa de Muros, María Xosé Alfonso, tiene pendiente de aclarar con la consellería puesto que «o Concello está colaborando, pero isto non se está vendo reflectido na liquidación». No es la regidora muradana la única que no está muy conforme con la factura que Política Social pasa al Ayuntamiento. Su homólogo mazaricano, Juan José Blanco, señala que hay discrepancias por los gastos que la Administración autonómica imputa a la local y que se trata de una cuestión que está pendiente de resolver. Además, precisa: «No noso caso non teñen en conta, por exemplo, que o edificio da escola infantil era noso».

Reparos de Intervención

Tampoco el sonense Luis Oujo está de acuerdo con la liquidación y, de hecho, en este caso no se han abonado las facturas reclamadas por la Xunta: «Hai un informe desfavorable de Intervención e solicitamos unha aclaración dos conceptos do cobro. Eles mandan unha factura, pero non especifican a que gastos corresponden e estamos á espera de que se aclare iso».

Quien ahora ve con más claridad los términos del convenio con Política Social es el rianxeiro Adolfo Muíños. Aun sin comulgar con que las entidades locales tengan que asumir parte del coste de las escuelas infantiles por entender que es un tramo educativo y, por tanto, competencia de la Xunta, el regidor reconoce que, al menos, existe una mayor seguridad a la hora de establecer qué se entiende por actuaciones de mantenimiento.

En este sentido, explicó que, según el nuevo acuerdo, si el Concello asume alguna obra en la escuela infantil -como en su día fue la reparación de la cubierta o será, próximamente, la instalación de unos vinilos-, el coste se descontará del importe que debe abonar a la consellería, una cuantía que en el caso de Rianxo asciende a 90.000 euros al año.