El hecho de que la concesionaria de la AG-11 cobre de la Xunta abre la puerta a la petición
08 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Varios concellos del norte de la provincia de A Coruña han denunciado ante la Comisión Europea una ley franquista que permite que Audasa, la concesionaria de la autopista AP-9, esquive el pago del 95 % del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Aunque no afecta a la comarca, esta demanda ha abierto la puerta a otra reclamación que los alcaldes por los que discurre el trazado de la autovía barbanzana están dispuestos a secundar, haciendo piña para pedir que la firma responsable de la AG-11, ahora exenta, pague también el impuesto.
El tema es complejo, pero una vez que se ha abierto el debate los concellos están dispuestos a explorar esa posibilidad y están moviendo hilos. En varios ayuntamientos ya se está estudiando esta problemática. Es el caso del de Rianxo, donde el asunto salió a relucir durante el último pleno y toda la corporación respaldó la propuesta de que se activen los mecanismos para poder cobrar el IBI por el espacio que ocupa el trazado de la AG-11 a su paso por el municipio. «O primeiro será facer un estudo de viabilidade. Entendemos que, por analoxía, habería esa posibilidade», explicó Adolfo Muíños. En una línea similar se expresó el regidor de A Pobra, Xosé Lois Piñeiro: «Estámolo mirando, pero se tecnicamente e xuridicamente é posible, por suposto que o reclamaremos».
Las dudas de los alcaldes no son gratuitas porque el fondo de la cuestión está en determinar si puede considerarse a la autovía un bien inmueble de características especiales y si está o no exento del pago del IBI. La ley establece que no estarán sujetas a este impuesto «las carreteras, los caminos y demás vías terrestres y los bienes de dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito». La discrepancia surge a la hora de considerar si viales de alta capacidad como el de Barbanza son o no gratis, puesto que, aunque los usuarios no pagan un peaje, la concesionaria sí recibe una contraprestación en función del número vehículos que circulan por la carretera en cuestión cada año. Es el denominado «peaje en la sombra», y es el clavo al que se agarran los alcaldes para tratar de conseguir nuevos ingresos a costa de la empresa que tiene la concesión de la AG-11.
El boirense Juan José Dieste también está dispuesto a dar la batalla, y, de hecho, ya lo intentó en su momento, por eso conoce bien las diferentes interpretaciones que ponen en cuestión el derecho de los concellos a cobrar el IBI.
Sin antecedentes próximos
«Hay una controversia sobre si debe tributar o no. Aquí ya lo estudiamos en su momento, y el problema está en que no se paga peaje, aunque sí hay una contraprestación por la concesión», subrayó Dieste. Para añadir más dificultad al asunto, recuerda que en la provincia de A Coruña no hay ninguna autovía que esté pagando el impuesto de bienes inmuebles.
El regidor de Padrón, Antonio Fernández, es conocedor de la diferencia de criterios, pero también está trabajando en el asunto: «Estamos estudiando jurídicamente la situación, entiendo que podría haber una controversia acerca de si se trata o no de un peaje en la sombra». En todo caso, de confirmarse la viabilidad jurídica de la reclamación, «intentaríamos el cobro del IBI».
Por su parte, el ribeirense Ruiz Rivas mostró «todo o apoio» a esta propuesta. La unanimidad de los regidores en esta cuestión -salvo el de Dodro, cuya opinión no ha sido posible recabar- no es de extrañar teniendo en cuenta que, aunque son incapaces de dar cifras concretas, el pago de este impuesto generaría importante ingresos anuales a unas arcas municipales que han sufrido importantes recortes tras la crisis económica.