Los alcaldes se rebelan contra la nueva ley de contrataciones

Afirman que el cambio incrementará la burocracia y retrasará las adjudicaciones

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Ribeira / la voz

La próxima semana entrará el vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una normativa que ya ha puesto en alerta a los alcaldes de la comarca, que consideran que, lejos de ayudar a mejorar la gestión local, vendrá a complicar todavía más la delicada situación que atraviesan las ya mermadas plantillas municipales. Lo que todos tienen claro es que, a día de hoy, lo que existe es una gran situación de incertidumbre sobre la aplicación de la norma.

El mandatario boirense, Juan José Dieste, hizo especial hincapié en este desconocimiento de la ley, «porque agora parece que imos poder fraccionar os contratos, pero este é un regalo envelenado, porque se duplican todos os trámites e acaba sendo unha maior carga de traballo». Además, explicó que la aplicación de la normativa también tendrá una gran parte de subjetividad, porque según las exigencias europeas en las bases reguladores deberá primar la calidad, «pero tamén que se respecte o medio ambiente, que teñan preferencias certos colectivos sociais... E unhas cousas poden contradicir outras», destacó.

Para el alcalde boirense, esta norma se suma a las últimas aprobadas por las distintas Administraciones y que suponen «máis carga de traballo e un maior retraso nas actuacións. Cada vez temos menos recursos, pero máis competencias propias e impropias». También su homólogo rianxeiro, Adolfo Muíños, lo tiene claro a la hora de calificar la Ley de Contratos del Sector Público: «É dificultar cousas que xa eran complicadas. Diminúen as posibilidades de contratación directa e as fraccións dos contratos lévanse aos extremos». También destacó la gran carga de trabajo que supondrá para interventores y secretarios municipales, «que xa soportan unha burocracia excesiva, o que frea as adxudicacións».

En los mismos términos habló el ribeirense Manuel Ruiz Rivas, que señaló que la implantación de la nueva normativa «vainos ocasionar maior carga administrativa e, sobre todo, un problema á hora de encargar subministros dadas as limitación anuais que a lei prevé. En definitiva, problemas de xestión e maior lentitude», sentenció.

Ayuda de la Diputación

Si la situación será difícil para los ayuntamientos más o menos grandes, para los que tienen menor población se complicará todavía más. Así lo denunció la alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, quien afirmó: «En principio penso que se trata dunha lei que está moi lonxe da realidade dos concellos, sobre todo dos máis pequenos, que somos a gran maioría deste país. Ao mellor resulta ben, pero para aplicala temos poucos recursos, tanto humanos como económicos, sobre todo os concellos pequenos que traballamos para ofrecerlles os mellores servizos aos nosos veciños». Asimismo, la regidora apuntó que, seguramente, «imos necesitar que a Deputación nos bote unha man á hora de elaborar os pregos».

Por su parte, Luis Oujo se mostró confiado en que, una vez que se comience a aplicar la normativa, se irán resolviendo los problemas. Aunque reconoció que «hai moitas dúbidas sobre a aplicación de determinados artigos», también apuntó que el ministerio suele enviar circulares para ir aclarando los puntos más conflictivos de las normativas.

Los funcionarios creen que es una norma garantista, aunque aumentará más su trabajo

Los secretarios e interventores municipales serán los funcionarios que más verán incrementado su trabajo con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, que definen como «más garantista y transparente, porque se fiscalizan más fases del proceso y hay una mayor seguridad jurídica».

Entre las principales novedades que introduce la normativa está que ahora desaparece la figura del procedimiento negociado -en el que había que solicitar presupuesto a al menos tres empresas-, para imponer el concurso abierto para todas las adjudicaciones.

También se reducen los límites presupuestarios para contratar servicios, que pasan de 18.000 a 15.000 euros, mientras que para las obras se baja de 50.000 a 40.000 euros anuales, y con la condición de que, si una firma consigue un contrato por dicha cantidad máxima, ya no podrá volver a suscribir otro con dicho ayuntamiento en ese ejercicio.

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