Las reclamaciones por el cobro indebido de las plusvalías llegan a los concellos

A principios de año, una sentencia del Tribunal Constitucional que afectaba a la norma tributaria foral de Guipúzcoa ponía en entredicho el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía municipal. Ese primer fallo fue ratificado el pasado mes de mayo y un nuevo dictamen declaraba inconstitucional la aplicación del tributo en aquellos casos en los que no se produce un aumento del valor de la propiedad, abriendo así la puerta a que los ciudadanos a los que se aplicó indebidamente pidan su devolución. Aunque a cuentagotas, las reclamaciones ya han comenzado a llegar a los concellos del área barbanzana.

El impuesto se aplica cuando un inmueble cambia de manos, bien sea por una venta, una cesión o incluso una herencia en aquellos casos en los que la propiedad no esté exenta. Uno de los problemas que ha surgido es el sistema de cálculo de la base imponible. Abogados de la comarca consultados sobre este asunto explican, a grandes rasgos, a qué responden las reclamaciones por el cobro indebido del impuesto: «O que se está gravando é o hipotético incremento de valor dun ben no momento de vendelo. O que pasou coa crise é que se traspasaron propiedades que o perderan, que non xeraron plusvalías, pero aplicáronse unha serie de táboas para calcular o tributo independentemente do seu valor real».

Vía administrativa

Otro jurista barbanzano señalaba que el problema que se da en ayuntamientos como el de A Pobra es que «no está bien definida la fórmula para calcular el impuesto» y eso está generando un buen número de reclamaciones porque los afectados piensan que pagan de más. Hasta la fecha, todas han sido desestimadas por parte del Concello, que aboca a quienes se consideren perjudicados a recurrir al contencioso-administrativo, una vía que la mayoría descarta: «El gasto de acudir al juzgado supera con creces lo que tienen que pagar por la plusvalía, y además no hay garantía de que vayan a darles la razón».

La situación es desigual según el municipio del que se trate, de manera que en ayuntamientos como el de Rianxo o el de Noia, aunque ha habido consultas por parte de vecinos, no se ha registrado ninguna reclamación en este sentido. En Ribeira, en cambio, se han contabilizado una decena de solicitudes de devolución. Estas diferencias pueden deberse, en parte, a que hay muchas incógnitas en torno a las plusvalías y cuándo procede o no aplicar ese tributo.

No en vano, los propios concellos están a la expectativa, pendientes de que el Gobierno central materialice la anunciada reforma del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos urbanos. La Federación Española de Municipios y Provincias presentó una propuesta y exigió al Ejecutivo celeridad en la modificación del tributo, pero aún no se ha aprobado. Asimismo, se ha enviado a los Ayuntamientos una circular explicando la situación.

¿Quién paga?

Las diferencias de unos municipios a otros también tienen que ver con quién paga las plusvalías, porque se da la circunstancia de que en cuatro concellos del área barbanzana -Mazaricos, Carnota, Outes y Lousame- no existe este impuesto. En cuanto a los demás, lo tienen regulado y se aplica en cualquier operación en la que un bien de carácter urbano cambie de manos.

Desde las casas consistoriales explican que son las propias notarías e incluso el Registro de la Propiedad los que trasladan a los concellos la documentación relativa a las transacciones que se formalizan y, a partir de ahí, se realiza el cálculo y se notifica el cobro al contribuyente.

Cerca de un millón

Por el momento, los alcaldes se muestran tranquilos con respecto a las posibles reclamaciones que se deriven de las sentencias judiciales. Matizan que solo se anula la aplicación del tributo en caso de que no haya un incremento del valor del bien en cuestión y, por lo tanto, en palabras del regidor rianxeiro, «non sería unha debacle económica».

Según los datos aportados por los propios concellos, la plusvalía municipal reportó a las arcas públicas cerca de un millón de euros el año pasado, mientras que en el 2015 los derechos reconocidos por este impuesto ascendieron a unos 785.000 euros.

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