Hace tiempo que llevo advirtiéndolo desde esta columna. El mismísimo Aznar llegó a apuntarlo. La Dirección General de Tráfico sigue una deriva totalitaria, surfeando la cresta de la ola ?populista? de los problemas de tráfico. Nada les importa legislar en caliente, retorcer la realidad o, a mi juicio, contravenir lo dispuesto en la Constitución. Lo importante es recaudar y mantener estatus y privilegios. Por supuesto al Gobierno le viene muy bien: más de 400 millones de euros tienen la culpa.
Unos datos para que nos entendamos. En España el número de víctimas mortales en 2016 ascendió a 1.160 (demasiadas, seguro), con 32 millones de vehículos y 26,4 millones de conductores. Pero casi 200 menos que en 1960, con un millón de vehículos y dos de conductores. Recordar que en España hay 4.000 muertes al año por suicidio. Otro: de los 28 países de la UE, en 2015 (último con datos), España ocupa el puesto 23 en número de víctimas; solo por delante de Malta, Suecia, Países Bajos, Dinamarca y Reino Unido, que nos aventajan bastante en viales de calidad. Pero lo oído estos días como la retirada del carné por reincidencia en un positivo de alcohol y drogas (sin aclarar en qué supuestos), la prohibición de circular de noche a los noveles, tasas cero, más limitaciones de velocidad, supuestos sancionables inconcretos y otros, directamente nos sitúan en el estalinismo. Persecución, criminalización e indefensión de los conductores. Un ejemplo cercano: los controles masivos en el Barbanza no los hay en ningún país democrático y si me apuran totalitario. En Venezuela tampoco.