Los concellos han perdido cincuenta empleos públicos con la ley Montoro

Las carencias de personal obligan a recurrir a la contratación de empresas


Noia / la voz

La pérdida de empleos públicos en los últimos años no es un problema exclusivo de Administraciones como la autonómica o la central, sino que afecta muy directamente a las entidades locales, que deben hacer encaje de bolillos para cubrir las carencias que provoca el hecho de que haya medio centenar de vacantes en sus cuadros de personal generadas desde la entrada en vigor de la ley promovida por Montoro que limita las contrataciones. La situación se extiende a prácticamente todos los concellos de la zona, que, salvo excepciones, deben explorar otros recursos para prestar un servicio adecuado.

Aunque preguntando a los distintos responsables municipales señalan que el problema es generalizado y afecta a múltiples departamentos, hay algunos que se ven especialmente perjudicados por la falta de cobertura de las plazas que quedan vacantes. Las carencias de personal en las policías locales son un mal endémico que vuelve a la actualidad periódicamente, y la situación empeorará si acaba adelantándose a los 60 años la edad de jubilación de los agentes. Otro de los servicios más castigados por la pérdida de trabajadores es el de las brigadas de obras.

De ello hablaba el alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, y explicaba que cualquier baja es un contratiempo: «En concellos coma o noso as brigadas son moi importantes e a falta de persoal retarda as actuacións e, en xeral, empeora os servizos. Inténtase resolver iso tirando doutros recursos». En Carnota la situación está incluso peor. Señala el regidor, Ramón Noceda, que hay vacantes en labores de consejería, administración y obras: «Non temos nin xefe da cuadrilla, xubilouse e agora só nos queda o electricista, ademais de catro eventuais contratados a través dunha subvención da Deputación».

En Porto do Son, hay tan solo dos profesionales dedicados al mantenimiento de la red de abastecimiento de agua municipal, mientras que en A Pobra están pendientes de sacar a concurso una plaza de peón para reforzar la brigada de obras.

Esta situación no solo afecta a los ciudadanos, sino que también repercute en los propios trabajadores, como denunciaban hace unos días empleados municipales de Boiro, que ejercen funciones superiores a su categoría profesional sin que esto sea reconocido. Desde al CIG señalan que la reducción de personal es algo sintomático que «abre o camiño da privatización dos servizos. A lei non permite contratar traballadores, pero si externalizar os servizos».

Obligados a subcontratar

Efectivamente, la posibilidad de recurrir a empresas externas ante la imposibilidad de atender determinadas necesidades es muy socorrida por los gobiernos locales, lo cual no deja de ser un problema, como explicaba el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo: «Os veciños veñen reclamando servizos e non somos capaces de prestarllos. Temos que contratar firmas externas cos consecuentes reparos de Intervención, pero se hai unha rotura na rede de auga temos que arranxala, non podemos deixar aos cidadáns sen abastecemento».

En Rianxo se optó por hacerse con los servicios de una empresa de economía social para la limpieza viaria, mientras que en Carnota una firma se encarga de distintos trabajos de mantenimiento y en A Pobra se decantaron por esta opción para realizar una limpieza general en los centros sociales. También en Mazaricos se ha recurrido a una medida similar para cubrir las bajas de un conserje y una limpiadora.

Por su parte, la alcaldesa de Outes, Beatriz Molinos, señaló que, en cuanto sea posible, amortizarán las bajas generadas, pero añadió que es preciso más personal «en todos os servizos».

 

La imposibilidad de crear nuevas plazas es un problema añadido

Los problemas de personal a los que se enfrentan los alcaldes no solo tienen que ver con las vacantes generadas en los últimos años, sino que la imposibilidad de crear nuevas plazas es un contratiempo añadido a la hora de prestar servicios, una queja que repiten muchos regidores, sobre todo aquellos que gobiernan concellos con las cuentas saneadas y capacidad económica.

Uno de los mandatarios que se lamenta por no poder contratar a más trabajadores es el pobrense Xosé Lois Piñeiro: «De non existir as restricións da lei Montoro teriamos contratado cando menos unha persoa de apoio a Cultura para ampliar o horario da biblioteca e do museo, persoal técnico de turismo para todo o ano e peóns para reforzar a brigada de obras». Añade que desde el inicio del mandato han logrado reducir la deuda municipal en 700.000 euros y que ni aún así pueden incrementar la plantilla: «A lei Montoro é un lastre para o noso Concello».

También se quejaba de esta situación el sonense Luis Oujo: «Estamos aquí para prestar servizos, e se un concello ten as contas saneadas debería poder contratar. Nós temos medios e necesidade de novas prazas».

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