En los últimos tiempos, se han producido una serie de acontecimientos, derivados de procesos electorales, que han suscitado todo tipo de polémicas a nivel global. No hace falta ser un lector asiduo de las páginas de la sección internacional para advertir que me refiero al brexit y a la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Todavía me cuesta creer que los votantes se hayan cargado de un plumazo una parte fundamental del proceso de integración europeo o el esbozo de una mínima cobertura sanitaria en un país que vuelve a dejar a 14 millones de personas sin asistencia médica el próximo año. Pero ese es el escaso poder que tenemos los ciudadanos en el sistema democrático por derecho. Sin embargo, el problema que tienen los derechos es que sus poseedores a veces olvidan que vienen acompañados de responsabilidades.
Aún recuerdo el lío que se formó cuando un diputado de En Marea, decepcionado por los resultados electorales en los últimos comicios gallegos, trasladó un desafortunado comentario de bar a las redes sociales, calificando de ignorantes a los votantes del Partido Popular. Independientemente de que nos haya gustado o no el desenlace de aquellas elecciones, es un indicador de que las conversaciones de taberna no se silencian y en ellas se escuchan planteamientos mediocres, pero que esconden un importante trasfondo filosófico. Uno de estos es el que me gusta denominar como el carné del votante. Hagan acopio de memoria y piensen si nunca han escuchado eso de «a algunos tendrían que hacerle un examen para poder votar». Es muy posible que sí.
Ya hace muchos años que intenté pensar en una fórmula o escenario donde la «epistocracia» tuviera validez en su aplicación. Pero por mucho que acuda a Platón y a su teoría de elevar al gobierno a los más preparados de una sociedad, encuentro lagunas orwellianas en este concepto. ¿Quién se encargaría de elaborar un examen para los votantes? ¿Cuáles serían los contenidos y criterios de esa prueba? ¿Cómo se evitaría la parcialidad? Al principio puede parecer una solución atractiva, pero fácil de desmontar cual mueble de Ikea. Y ahí entran las citadas responsabilidades inherentes a los derechos.
Vivimos en un país en el que una ley que presume de mejora de calidad educativa está reduciendo al absurdo la asignatura de Filosofía. Posiblemente, el único espacio lectivo actual donde podría tratarse este debate que les propongo. Si un votante contrae el compromiso de tener que informarse y contrastar un mensaje electoral antes de emitir un sufragio, pero se le van arrebatando los mecanismos para hacerlo, ¿cómo no va a parecerme a veces tan erótica la «epistocracia»?