El Valedor insta a los concellos a que regulen sus cámaras de vigilancia

En Ribeira, por ejemplo, se abrió un expediente por la situación de algún visor


RIBEIRA / la voz

La proliferación de cámaras de videovigilancia en espacios públicos para garantizar la seguridad ciudadana no siempre está reglada, motivo por el que el Valedor do Pobo ha redactado una resolución en la que insta a los concellos a que, en el caso de contar con estos sistemas, cumplan con los protocolos previos y soliciten a la Subdelegación del Gobierno los permisos pertinentes. En la comarca, por ejemplo, los concellos que están en el punto de mira son Ribeira, Noia, Boiro y Rianxo.

La plataforma autonómica Dereitos Civís es la encargada, desde hace varios años, de regular qué ayuntamientos tienen sus sistemas de videovigilancia en la calle con todas las garantías legales. En el marco de ese trabajo, el colectivo ha solicitado información municipio por municipio hasta lograr un mapa de la situación actual en Galicia. En Ribeira, por ejemplo, y según la documentación oficial aportada, la Agencia Española de Protección de Datos abrió un expediente por la existencia de, al menos, una cámara instalada en la vía pública sin contar con la autorización necesaria.

Más celeridad

El Valedor do Pobo, además, remitió un escrito por el mismo motivo al Concello reclamando mayor diligencia a la hora de responder a las quejas que presentan los ciudadanos por este motivo, siendo, en este caso, el colectivo Dereitos Civís el que se interesó por la situación de las cámaras colocadas en Santa Uxía.

El escenario que se vive en Taragoña también ha generado el interés de la misma entidad social, pero, según explican en el Concello y en la Policía Local, se trata de una cámara ubicada en un aparcamiento público que está orientada a dicho recinto y que no capta imágenes de la calle. «Es una propiedad privada del Concello, aunque tenga finalidad pública, por eso no hace falta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la casa de Manuel Antonio», explican en la Policía Local.

Dereitos Civís también pone la lupa en Noia, en donde hay varias cámaras de titularidad municipal que están denunciadas por carecer de los permisos necesarios. El mismo colectivo presenta un escrito, firmado el pasado 14 de diciembre, de la Secretaria de Estado para las Administraciones Territoriales Generales en el que se expone que en Noia se carece de las licencias.

En desuso

En la Policía Local explican que las cámaras que hay en la actualidad están en desuso desde hace más de un año, y que la intención del equipo de gobierno es reactivarlas, pero en situación regular.

El otro concello barbanzano que ha generado el interés de Dereitos Civís es el de Boiro, en donde se ha pedido información por varios dispositivos, desde noviembre del 2015, y todavía hoy no han recibido respuesta. Esta falta de colaboración ha sido puesta en conocimiento del Valedor do Pobo para que recuerde a los responsables su obligación de atender las peticiones realizadas a través del registro de entrada municipal.

¿Próximos?

Pensar que los concellos instalan cámaras a su libre albedrío, o para espiar a los vecinos, no tiene sentido, sobre todo cuando existe un organismo estatal que protege los datos personales de cada ciudadano. Lo que sí es seguro es que esas cámaras ayudaron en más de una ocasión a resolver delitos, como en Ribeira, y a solucionar problemas de tráfico. Pero resulta preocupante que dichos ayuntamientos -que son las Administraciones públicas más próximas al pueblo- reciban constante tirones de oreja por no dar respuestas.

Dereitos Civís pide a los gobiernos municipales que demuestren que las cámaras son útiles

Renato Núñez es la persona que está al frente del colectivo Dereitos Civís, que lleva varios años poniendo el acento en la necesidad de regular la instalación de estos sistemas de videovigilancia para garantizar la seguridad ciudadana. Aunque Núñez, y por extensión la entidad a la que pertenece, tienen serias dudas de que dichos artilugios consigan reducir los delitos. Es más, Dereitos Civís apela a un estudio realizado por la Universidad de Málaga que defiende que no disminuye la delincuencia ni logran acabar con los robos o los actos vandálicos.

La casuística de Barbanza, para el colectivo que analiza la situación en Galicia, tiene un problema principal, que es la falta de colaboración a la hora de facilitar información, motivo por el que es necesario recurrir al Valedor do Pobo, y, en algunos casos, como el de Boiro, sigue sin obtenerse respuesta.

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