La mitad de los concellos carecen de normativa contra vertidos ilegales

Ribeira, Carnota y Boiro imponen las mayores sanciones, de hasta 100.000 euros


Ribeira / la voz

Aunque tienen la competencia para regularlo y sancionarlo, la mitad de los concellos barbanzanos no cuentan con una ordenanza municipal que limite los vertidos irregulares a su red de saneamiento. En donde sí lo hacen, las sanciones que se imponen por la evacuación de un mismo líquido o sustancia prohibida, varían significativamente en función de en qué municipio se realicen, desde los 600 a los 100.000 euros.

El Ayuntamiento de Boiro es uno de los más estrictos en esta materia, tras aprobar en diciembre del 2015 un reglamento en el que las penas por daños a la red de saneamiento y vertidos ilegales van desde los 15.000 hasta los 100.000 euros. En las mismas franjas se manejan los de Carnota (desde febrero de este año) y Ribeira, en donde entraba en vigor la norma esta misma semana.

Y es que otro de los objetivos que persiguen estas ordenanzas municipales es determinar los parámetros máximos, tanto para las empresas como para la red general, y corregir las carencias que existían hasta la fecha en materia de depuración, evitando al mismo tiempo daños a las infraestructuras de titularidad municipal y limitando la responsabilidad patrimonial de la Administración local ante posibles perjuicios causados por un vertido, como sucedía con la rotura del emisario de O Touro, en Ribeira, que ha acabado costándole a las arcas locales más de 200.000 euros.

La necesidad de poner límites a una práctica que no se consigue erradicar, explican desde los gobiernos locales, fue la que motivó la creación en el último año de ordenanzas propias con un carácter más riguroso y punitivo, que vendrían a complementar a las legislaciones superiores.

Más laxos

Hasta ahora, las que había y siguen vigentes en concellos como A Pobra o Rianxo son, en comparación con las otras tres, mucho más laxas en sus sanciones, las cuales oscilan entre los 750 y los 3.000 euros por los atentados medioambientales más graves.

Y un tanto desfasado ha quedado el marco legal creado en Lousame, que en su día fue pionero en la comarca a la hora de poner coto a los vertidos a la red municipal. Tanto es así que incluye las penas en el antiguo sistema monetario. Las más importantes ascienden a 100.000 «pesetas» (ahora, al cambio, 601 euros).

¿Qué pasa con el resto? Hasta el momento, en Noia, Porto do Son, Muros, Outes y Mazaricos no hay una ordenanza que regule este tipo de infracciones, a pesar de tener potestad dentro de sus competencias en la gestión de residuos, lo que no exime de multas por evacuaciones indebidas ante un ente superior, como Augas de Galicia.

Aunque, tal y como señalan técnicos municipales, este vacío legal juega en contra de los propios ayuntamientos, sobre los que recae la responsabilidad patrimonial en última instancia. En esta situación se encontraría prácticamente toda la zona norte de la comarca (excepto Carnota), en donde, además, la falta de unos parámetros concretos que fijen qué se puede verter, qué no y qué cantidad máxima abre el abanico a la evacuación de masas contaminantes desde domicilios y empresas, una práctica difícil de controla que sigue estando «a la orden del día», afirman los mandatarios.

A todos por igual

La gestión de residuos es un trámite muchas veces costoso, cuando no engorroso, para empresas y particulares, que en muchos casos acaban tirando sus vertidos a la canalización pública por la puerta de atrás. Lo que no tiene mucho sentido, tampoco, es que unos lleguen a tener un mayor margen para hacerlo que los vecinos del municipio de al lado, exponiéndose, por la misma infracción, a multas desde los 600 hasta 100.000 euros.

Concienciar en los núcleos del rural, el caballo de batalla de los gobiernos locales

«Queda mucho trabajo por hacer, especialmente en el rural», señalaba Juan José Dieste, regidor de Boiro, a pesar de que hay una tendencia positiva, ya que si en el 2015 se dieron de alta a la red de saneamiento municipal 72 pisos, 22 viviendas unifamiliares y una empresa, en lo que va de año ya fueron 139, 19 y 2, respectivamente.

Su homólogo en Porto do Son, Luis Oujo, incidía también en hacer especial hincapié en el ámbito rural, «onde hai o costume de traballar co esterco, que moitas veces acaba sendo arrastrado polas chuvias á canalización». En este sentido, el regidor sonense defiende la concienciación frente a las sanciones y asegura que desde el Concello se ponen todos los medios que tienen a su disposición cuando se solicita, por ejemplo, el vaciado de una fosa séptica, para que esos vertidos acaben en la planta de tratamiento de residuos de Loreto. No obstante, reconoce, no son tantas las solicitudes que reciben como las que deberían ser.

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