El coste del personal laboral municipal casi duplica al de los funcionarios

Los ayuntamientos barbanzanos destinan más de 31,4 millones a pagar salarios


Noia / la voz

El de funcionario es un trabajo muy demandado y muchas veces envidiado, ya sea por la estabilidad laboral o por los horarios de la Administración, a las convocatorias de empleo publicadas por concellos y otras instituciones suelen presentarse una multitud de aspirantes. Sin embargo, no siempre es necesario superar una dura y competitiva oposición para lograr un puesto en una entidad pública y, de hecho, al menos en lo que respecta a los ayuntamientos, los empleados que han tenido que superar ese trance son los menos. Eso se deduce del análisis del gasto que realizan las entidades locales barbanzanas en nóminas. No en vano, el coste del personal laboral municipal casi duplica al de los funcionarios.

En concreto, los recursos que los concellos del área barbanzana destinan al pago de las nóminas de los trabajadores que no tienen una plaza en propiedad ascienden a 13,3 millones de euros, un 40% más que la cifra dedicada a los sueldos de los funcionarios, que se roza los ocho millones. Las diferencias varían según la Administración local de la que se trate, y hay entidades locales como Boiro, Noia y Carnota en las que el gasto se duplica. De hecho, la única excepción es la de Outes, donde la cuantía total que se abona a los funcionarios es mayor.

Que un trabajador sea personal laboral no quiere decir que haya logrado su empleo sin pasar previamente por un proceso selectivo, pero, según indican desde los propios ayuntamientos, puede ser menos exigente y no tan riguroso como una oposición, además de ser más ágil para la Administración. De hecho, esta es una de las cuestiones que se apuntan para explicar que haya un porcentaje tan elevado de empleados públicos que no figuran en la plantilla de funcionarios.

Restricciones de la ley

Los ajustes impuestos desde Madrid solo permiten a los concellos convocar una plaza cuando en el ejercicio anterior se hayan jubilado dos trabajadores, y, aunque esto es también un hándicap a la hora de incorporar funcionarios, los alcaldes reconocen que, en lo que respecta al personal laboral, no puede echarse la culpa a Montoro ya que la situación viene de lejos.

De hecho, no es extraño encontrarse con personas que llevan más de una década o incluso dos trabajando para un ayuntamiento sin tener una plaza en propiedad. En ese tiempo, han adquirido una serie de derechos laborales como profesionales indefinidos y, en caso de despido, tendrían todas las de ganar en un juicio. Por otra parte, esos empleados son necesarios para la prestación de servicios municipales, lo que lleva a alcaldes como el rianxeiro Adolfo Muíños a concluir que «teñen razón os sindicatos cando piden máis prazas de funcionarios, moitos dos traballos que agora realiza persoal laboral deberían desenvolvelos funcionarios. Este é un tema de precariedade que se arrastra desde hai moito tempo».

Sin embargo, al margen de las restricciones legales, crear una plaza y convocar una oposición es un trámite largo y complejo. Lo explica el mandatario sonense, Luis Oujo: «É máis sinxelo cubrir con persoal laboral, fíxose así durante anos e foise tirando. O proceso selectivo é máis áxil e rápido, sobre todo cando urxe cubrir un posto concreto».

La alcaldesa de Muros, María Xosé Alfonso, aludía a múltiples factores y destacaba entre ellos los derechos adquiridos por trabajadores que en su momento «foron contratados mediante unha subvención que logo se sostivo no tempo e que cando desapareceu pasaran tres anos e ese persoal é xa indefinido».

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