La ley de transparencia ralentiza la prestación de servicios municipales

Los alcaldes indican que aumenta el trabajo administrativo en detrimento de la atención ciudadana


Ribeira / La Voz

La necesidad de contar con Administraciones más transparentes y de poner cortafuegos a la corrupción forzó la aprobación de leyes que están pasando factura a los ayuntamientos, obligados a satisfacer con el mismo personal los informes requeridos por organismos superiores, como períodos de pago a proveedores o reparos y, a mayores, a someterse a procedimientos de licitación de obras o selección de personal que hacen más farragoso el trabajo de departamentos como los de urbanismo o contratación. Los alcaldes reconocen que las medidas adoptadas son necesarias, pero también insisten en que se está ralentizando la prestación de servicios, que las necesidades cotidianas no pueden atenderse con agilidad y que esto genera quejas vecinales.

Los más críticos, como el rianxeiro Adolfo Muíños, señalan que una buena parte del trabajo que diariamente desarrolla el área de Intervención municipal no está relacionado con la Administración local, que es la que paga el salario de estos trabajadores. En los mismos términos se expresa el sonense Luis Oujo: «A interventora traballa máis para Madrid que para o Concello».

Las limitaciones

A esto se suman las limitaciones impuestas a los ayuntamientos para contratar personal y el hecho de que muchos carecen de profesionales básicos, como Carnota, que no tiene secretario-interventor a tiempo completo, Porto do Son, cuya tesorera se encuentra actualmente de baja, o A Pobra, donde también está ausente el interventor.

Una de las consecuencias del aumento de la carga de trabajo tiene su traducción en la demora existente en la práctica totalidad de los ayuntamientos a la hora de adjudicar las obras del POS y el PAS. Muchas entidades locales aún no han sacado a concurso los proyectos y el retraso es tal que en lugares como A Pobra se incluyeron mejoras para hacer en playas que ahora aguardarán a la próxima campaña estival.

Además, la ley de contratación aprobada por el Gobierno central hace un año obliga a convocar por procedimiento abierto la mayoría de las licitaciones. Según los ayuntamientos, a cada convocatoria se presentan una media de diez empresas, por lo que los procesos de adjudicación se ralentizan por la elevada cantidad de documentación a examinar: «Hay más trabajo y menos tiempo para el día a día», afirma el boirense Juan José Dieste. Su homólogo carnotano, Ramón Noceda, manifiesta: «Para adxudicar unha obra dun importe mínimo tardas un montón de tempo».

El alcalde sonense, Luis Oujo, explica que en algunas ocasiones el Concello se ha visto obligado a recurrir a personal de otros organismos o entidades para disponer en las mesas de contratación de técnicos con la cualificación suficiente. Así sucedió, por ejemplo, para la incorporación, con carácter temporal, de una psicopedagoga. En otra ocasión, indica, solicitaron el apoyo del interventor de un concello limítrofe.

Ante este aumento de la carga de trabajo burocrático, los alcaldes plantean la necesidad de efectuar una reformulación de las Administraciones locales. Entre quienes sostienen esta premisa se encuentra el mandatario boirense, Juan Jesús Dieste.

Desde hace tiempo, a través de la Fegamp, los ayuntamientos están librando una batalla para que se determinen con claridad cuáles son sus competencias y se establezcan nuevos modelos de financiación para cumplir con los cometidos que le son propios y con aquellos que desarrollan por ser la entidad más próxima a los ciudadanos.

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