La ley de transparencia ralentiza la prestación de servicios municipales

Ana Gerpe Varela
A. Gerpe RIBEIRA / LA VOZ

BARBANZA

Los alcaldes indican que aumenta el trabajo administrativo en detrimento de la atención ciudadana

08 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La necesidad de contar con Administraciones más transparentes y de poner cortafuegos a la corrupción forzó la aprobación de leyes que están pasando factura a los ayuntamientos, obligados a satisfacer con el mismo personal los informes requeridos por organismos superiores, como períodos de pago a proveedores o reparos y, a mayores, a someterse a procedimientos de licitación de obras o selección de personal que hacen más farragoso el trabajo de departamentos como los de urbanismo o contratación. Los alcaldes reconocen que las medidas adoptadas son necesarias, pero también insisten en que se está ralentizando la prestación de servicios, que las necesidades cotidianas no pueden atenderse con agilidad y que esto genera quejas vecinales.

Los más críticos, como el rianxeiro Adolfo Muíños, señalan que una buena parte del trabajo que diariamente desarrolla el área de Intervención municipal no está relacionado con la Administración local, que es la que paga el salario de estos trabajadores. En los mismos términos se expresa el sonense Luis Oujo: «A interventora traballa máis para Madrid que para o Concello».

Las limitaciones

A esto se suman las limitaciones impuestas a los ayuntamientos para contratar personal y el hecho de que muchos carecen de profesionales básicos, como Carnota, que no tiene secretario-interventor a tiempo completo, Porto do Son, cuya tesorera se encuentra actualmente de baja, o A Pobra, donde también está ausente el interventor.