La Justicia condena al Concello sonense a pagar 400.000 euros a una constructora

El fallo responde a una reclamación por el desarrollo de una unidad de actuación


Noia / La Voz

El urbanismo siempre ha sido fuente de conflictos en el ámbito de la política municipal, y hay municipios en los que se trata de un tema especialmente controvertido, hasta el punto de que a veces las disputas acaban resolviéndose en los juzgados. Esto es lo que le ha pasado al Concello de Porto do Son, que debe hacer frente al pago de casi 400.000 euros de indemnización a una constructora que en su día solicitó las licencias para desarrollar urbanísticamente una unidad de actuación en Portosín.

El asunto ha salido ahora a la luz pública de la mano del PSOE sonense, que se enteró de la existencia del fallo judicial por un decreto de la alcaldía para el fraccionamiento del pago de la indemnización. En este sentido, la portavoz socialista, Josefa Hermo, habló de «escurantismo» en la forma de tratar el asunto por parte del gobierno local y anunció que solicitarán el acceso al expediente completo de la sentencia «para coñecer que irregularidades cometeu o equipo de goberno para que o Concello teña que afrontar unha débeda destas características».

Información disponible

Frente a las acusaciones de oscurantismo por parte del PSOE, el gobierno local replicó aclarando que, de momento, nadie ha solicitado el acceso a la documentación pero que, en cualquier caso, «a información está no Concello a disposición de quen a queira ver».

Con respecto a la sentencia que condena a la Administración local a abonar casi 400.000 euros, el alcalde explicó que responde a la reclamación de la empresa por los daños y perjuicios causados por la actuación municipal que impidió el desarrollo de la unidad urbanística UA-2, una demanda presentada en el 2011, «uns días antes de que nós tomáramos posesión á fronte do goberno local». El regidor, Luis Oujo, explicó con detalle de dónde viene el conflicto que ha llevado a que el Concello tenga que hacer ese desembolso.

Cronología del conflicto

En el 2005, se aprobó un plan especial de la UA-2 de Portosín, pese a contar con informes desfavorables, y la empresa afectada pidió las licencias, hizo los proyectos y adquirió los terrenos para desarrollarlo. Sin embargo, sus planes quedaron en suspenso, primero porque desde la Xunta instaron al gobierno local a emprender de oficio una revisión de esa unidad de actuación -el expediente se inició en el 2007 pero acabó caducando- y luego porque el ejecutivo local no dio el visto bueno al proyecto de urbanización presentado por la constructora en el 2009. Fue en junio del 2011 cuando se presentó una reclamación patrimonial por casi cuatro millones de euros, una demanda que ahora ha sido estimada parcialmente.

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