En el pleno celebrado el jueves se aprobó el reglamento de uso de las instalaciones, pero quedaron pendientes las tarifas
13 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La próxima apertura de la piscina municipal de Porto do Son fue el asunto más destacado del pleno del jueves, marcado por los reproches de la oposición al gobierno local por no haber incluido en el orden del día las mociones que habían presentado «en tempo e forma». En el debate no se dio una fecha para la puesta en marcha de las instalaciones, pero sí se adelantaron detalles sobre cómo se organizará el servicio, como que el ejecutivo subcontratará al personal de limpieza, recepción y socorrismo.
Así lo explicó la portavoz del ejecutivo, María José Maneiro, tras las preguntas formuladas por el PSOE durante el debate sobre el reglamento de uso y funcionamiento de la piscina sonense. Indicó que ya se ha sellado un contrato menor con una empresa que se encargará de esos servicios durante las semanas en las que habrá jornadas de puertas abiertas, y que luego se sacará a licitación por un período que todavía está por determinar. Esta decisión fue criticada desde los asientos de la oposición. La portavoz del BNG, Ánxela Franco, habló de una «privatización encuberta» de las instalaciones, aunque abogó por «tirar para diante e competir en calidade e prezo porque o contrario sería pechar e deixar tirada unha obra que custou demasiado diñeiro».
Mientras que BNG y PSOE se abstuvieron en la votación, Portodos votó a favor aunque criticó el momento elegido para abrir la piscina, algo que relacionó con la proximidad de nuevas citas electorales. Para rematar, María Maneiro aclaró que dejar el recinto en manos de una empresa es una opción «que nunca se barallou».
Otros acuerdos
También estaba previsto aprobar las tarifas que tendrán que abonar de la piscina, pero este asunto se aplazó. Sí se debatió la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, para incluir la exención a los pensionistas que tengan reconocida una incapacidad y una bonificación para vehículos eléctricos, híbridos o biodiésel. Se aprobó con la abstención del PSOE, mientras fue unánime el apoyo al convenio entre Xunta y Fegamp para la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la creación de una tasa por el espacio que ocupan los cajeros automáticos. Eso sí, en este punto hubo polémica por los reproches del PSOE al ejecutivo por no haberles informado de la inclusión en el orden del día de la propuesta, que partió del grupo socialista.