El plazo para cumplir la ley de accesibilidad se agota sin que los edificios se adapten

La inexistencia de ascensores o rampas condena a muchos barbanzanos a vivir aislados en sus domicilios


Un directivo de Cogami apuntaba al desconocimiento como una de las claves que explican la falta de adaptación de la mayoría de los edificios de viviendas a la ley de accesibilidad. Puede ser, porque de la consulta con varios profesionales dedicados a la gestión de comunidades de vecinos se desprende que, aunque cada vez hay mayor sensibilidad sobre los derechos de las personas con discapacidad, la mayoría ignora que existe una norma estatal que no solo obliga a reformar los inmuebles para adaptarlos a las necesidades de los vecinos con movilidad reducida, sino que también establece un plazo para hacerlo. El período que fija el texto legislativo finaliza en el 2017 y, de momento, la aplicación de la normativa va al ralentí.

La ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social entró en vigor en diciembre del 2013 y, entre sus disposiciones, establece unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de las edificaciones que incluye la exigencia de que los inmuebles garanticen esas condiciones. Eso incluye la instalación de rampas, ascensores, sillas salvaescaleras o plataformas que permitan superar los desniveles existentes a las personas con discapacidad. Nadie puede dar una cifra concreta, pero si se pregunta por la cantidad de inmuebles que no cuentan con ninguno de esos elementos la respuesta es unánime: «Moitísimos. A maioría dos edificios que teñen 30 anos ou máis están nesa situación, e a práctica totalidade dos que se atopan nos núcleos antigos das localidades».

Las consecuencias

Esto supone que para muchos residentes en esos inmuebles, un gesto aparentemente tan simple como salir a la calle es un suplicio, si es que pueden. No en vano, desde las entidades que asisten a personas con discapacidad y desde los departamentos de Servizos Sociais alertan de la situación de aislamiento que acaban sufriendo muchas personas. En Ribeira, por ejemplo, recordaban el caso de una mujer que residía en un quinto piso sin ascensor y que estaba obligada a vivir encerrada porque no podía bajar las escaleras. El problema no es menor, ya que, según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, Galicia es la comunidad con mayor tasa de población con dificultades relacionadas con la movilidad, y el envejecimiento de la población es la clave que explica ese dato.

Son varios los problemas que surgen a la hora de ejecutar obras de accesibilidad. Uno es el económico, puesto que el gasto que implica colocar un ascensor puede rondar los 60.000 euros, con el agravante de que muchas veces los vecinos tienen que ceder unos metros de su piso para abrir hueco para la maquinaria. A eso hay que añadir, indicaban desde una asesoría ribeirense, el tiempo, los trámites y las molestias que acarrea cada actuación. Las consultas de las comunidades de propietarios sobre este tipo de actuaciones son escasas. A este respecto, una profesional de Boiro indicaba: «Levo 25 comunidades e só hai un caso no que se está promovendo unha actuación para facer unha rampla».

Lo que sí se apunta desde todos los ámbitos es que cada vez hay una mayor concienciación sobre el problema y si un vecino las reclama, las obras se ejecutan.

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