Diferenciar a ciudadanos de súbditos


Estuve de alta en el servicio de turno de oficio del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, que organiza el derecho a justicia gratuita en el ámbito territorial del partido judicial de Noia, durante veinte años. Hace por tanto unos seis que me di de baja en el mismo. Durante mucho tiempo este servicio fue de prestación obligatoria por parte de los abogados ejercientes; más tarde pasó a ser voluntario, y entonces lo abandoné. Ahora me gustaría explicar por qué: Sigo creyendo que los abogados tenemos la obligación moral de asistir gratuitamente pro bono a quienes, en defensa de una causa justa, acuden a nuestros despachos y acreditan que no pueden pagar nuestros servicios. Se trataría, en mi opinión, de una manera activa de devolver a la sociedad, atendiendo a los desheredados de la misma, lo que aquella te ha aportado, que es mucho. Creo firmemente en el axioma de Aristóteles: el hombre es, por naturaleza, un animal social.

A lo que no estoy dispuesto es a someterme una vez más a la explotación por parte de esos parásitos esclavizadores que son en muchas ocasiones las Administraciones públicas, entes demasiado a menudo incapaces de diferenciar a ciudadanos de súbditos. Otro día les puedo contar, si les interesa, las penurias que ha de pasar el ciudadano que, en defensa de sus legítimos derechos, trate de enfrentarse en pie de igualdad jurídica con ese Leviatán que engulle todo lo que encuentra a su paso. ¿Igualdad ante la ley? Ay, ¡qué risa!

El llamado beneficio de justicia gratuita fue históricamente una institución colegial por la que los mejores abogados atendían gratuitamente a personas de economía limitada. Cuando pasó a configurarse como un derecho, la Administración se hizo cargo de los costes y de pagar a los profesionales del turno -no sin retrasos, en ocasiones hasta de años- cantidades miserables por el servicio que antes algunos prestaban gratis et amore. Y para no pagar o justificar las demoras en el pago, esa Administración del llamado Estado del Bienestar exige cumplimentar una montaña de requisitos formales supuestamente justificativos del servicio prestado, lo cual obliga a dedicar un tiempo considerable a lo que no es más que puñetera burocracia. A la administración le sale barato. Por mi parte, prefiero atender gratis a quien me dé la gana.

Por Manuel Blanco Ons Delegado del Colegio de Abogados de A Coruña en Noia

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