La nueva ley obliga a rebajar a seis meses la instrucción de 2.361 causas

Fiscales de Noia, Ribeira y Muros tienen que adaptarse a los plazos que marca Justicia


RIBEIRA / la voz

El sábado entró en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga, entre otras muchas cosas, a los fiscales a revisar las causas que están en fase de instrucción para fijar el plazo de su finalización. En el caso de Barbanza, y atendiendo a las sedes judiciales de Ribeira, Noia y Muros, la cifra no es nada desdeñable. Se trata de 2.361 procesos (en el contexto de Galicia son 35.000) que los representantes del Ministerio Fiscal en los juzgados de la comarca y su zona tendrán que acabar resolviendo, salvo algunas excepciones, en un plazo máximo de seis meses, que según la nueva ley «es un límite temporal infranqueable».

Las excepciones a las que hace referencia la norma son los sumarios calificados de complejos (el resto se denominan sencillos), como puede ser el caso Pokémon. Para estos procesos la recién aplicada Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé un plazo de instrucción de 18 meses, que se podrá prolongar hasta cumplir dicho tiempo, o uno más reducido «a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes». Y es que los fiscales («como garantes de la legalidad») tendrán, en este nuevo escenario, el poder de decidir los plazos y la opción de establecer una prórroga.

Difícil de aplicar

Las profesionales consultadas en los juzgados de la comarca explican que la medida no es posible hacerla realidad si la intención es respetar las condiciones laborales que tienen estipuladas los funcionarios. También recuerdan que la norma, en el caso de los fiscales, no resulta fácil de aplicar por la falta de medios técnicos, y añaden que los representantes del Ministerio Fiscal no tienen acceso al programa informático que utilizan los jueces con el fin de conocer la fecha de incoación de los procesos, por lo que resulta imposible saber el tiempo que acumula cada causa.

Entre los profesionales de la Justicia consultados en la comarca, tanto en el sector público como en el privado, coinciden al señalar a los legisladores como a las personas que redactaron la nueva norma sin, aparentemente, conocer la realidad de los juzgados de primera instancia y la sobrecarga de trabajo que acumulan. El letrado noiés Manuel Blanco Ons lo resume en primera persona: «Es una medida voluntarista en la que los medios no se adaptan al objetivo que se persigue».

La falta de medios técnicos y humanos hace muy difícil que se cumpla el objetivo de la norma

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