Esta semana he asistido al insólito espectáculo, un esperpento, que ha tenido lugar en el Parlamento andaluz. Una diputada, la cabeza de lista de Podemos, Teresa Rodríguez, fue víctima del comportamiento grosero, maleducado y machista de varios diputados del PSOE y del PP. Sus «señorías» intentaron por la fuerza de sus exabruptos e insultos que la parlamentaria no pudiese ejercer la labor que el pueblo andaluz le encomendó en las pasadas elecciones. Con la indecente complicidad del presidente de la Cámara y el más que bochornoso silencio de los jefes de filas de socialistas y populares.
Al margen de tan antidemocrático proceder, que se califica a sí mismo, quiero traer a colación la ley mordaza que los populares han aprobado recientemente y las declaraciones que uno y otro partido realizaron con motivo de la convocatoria de la marcha popular Rodea el Parlamento. A unos y otros les oímos demonizar aquella convocatoria con el argumento de que en el Congreso reside la soberanía del pueblo español y que, por tanto, no se podía impedir, amenazar o coaccionar su normal funcionamiento. Mucho menos a aquella pandilla de perroflautas antisistema salidos del 15-M ¡Hasta ahí podríamos llegar en la reserva espiritual de Occidente! A sabiendas de que en las bases de aquella manifestación no existía ningún elemento que llamase a los ciudadanos a realizar tales actos contrarios al ordenamiento jurídico ni a alterar el orden público.
Pero ahora vemos que estos representantes del pueblo, que una vez elegidos, en su mayor parte, se convierten en salvapatrias de sus intereses partidistas en el mejor de los casos y personales en el peor, pueden impedir, amenazar y coaccionar la labor de la diputada Teresa Rodríguez con total impunidad. Eso sí, ellos actúan en el nombre del sistema. Ese que incluso nos hace creer que vivimos en una democracia y que realmente mandan aquellas personas que triunfan en los distintos procesos electorales a los que nos convocan a los ciudadanos.
«Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de Tribunal de Núremberg», afirma el vicepresidente de la ONU Jean Ziegler. El mismo que asegura que «España no debería pagar su deuda porque es delictiva e ilegítima».
También en el nombre del sistema, en España se ha rescatado al sector bancario -admisible, aunque discutible incluso por medios tan prestigiosos y poco sospechosos de radicales como el Financial Times- y, lo que es impresentable, a los banqueros. Nos endilgaron la factura de su despilfarro, fruto del desenfreno de quien se cree por encima del bien, del mal y de la Ley. Pero no fuimos quien de rescatar a muchos ciudadanos abocados a la pobreza extrema, a miles de niños que pasan hambre y a todas las personas expulsadas de sus casas por los mismos que antes les chuparon la sangre y los estafaron. Frustrante realidad.