Profesionales de la Justicia en Barbanza vaticinan mayor gasto al ciudadano
28 abr 2015 . Actualizado a las 11:46 h.El nuevo Código Penal español, aprobado ya en el Congreso de los Diputados, entrará en vigor el 1 de julio. La reforma planteada por el Gobierno central, y que fue rechazada por la oposición al completo en la Cámara Baja, tampoco ha sentado bien entre los profesionales de la justicia en Barbanza, que, de inicio, vaticinan que ayudará a ralentizar todavía más la burocracia. La principal razón a la que aluden las fuentes consultadas es el hecho de que muchos de los asuntos que hasta ahora se consideraban faltas pasarán a ser delitos, lo que implica la realización de un fase de instrucción y un mayor coste económico para el ciudadano por la contratación de abogado y un procurador.
Un secretario que ejerce en una de las tres sedes judiciales de la comarca, y que cuenta con años de experiencia, explicaba ayer que algunas actitudes hasta ahora reprochables, como unas amenazas, se solucionan por ahora de forma rápida por la vía administrativa. A partir del 1 de julio serán consideradas delitos leves, pero implicaran un proceso de instrucción que acarrea más carga de trabajo. «Hasta ahora había medidas para castigar ciertos comportamientos, como multas o trabajos sociales, pero a partir del 1 de julio pasarán a ser delitos y dejarán manchas en el historial de los ciudadanos, lo que puede afectar a su vida en muchos campos, como la búsqueda de trabajo, por ejemplo».
Documento reaccionario
En Noia, el abogado Manuel Blanco Ons, no dudaba ayer en catalogar de reaccionario el nuevo Código Penal, y coincidía con el resto de colegas consultados al asegurar que supondrá una mayor carga de trabajo para los juzgados de la comarca por el hecho de que pasar a ser delitos los casos que todavía ahora se califican como faltas. «La instrucción siempre implica más trabajo que un juicio de faltas, que es un sistema que permite dar soluciones a los vecinos en un corto plazo de tiempo. Se trata de una medida que no favorece a nadie y que habrá que esperar para ver si sus impulsores no tienen que rectificar cuando se aplique».
En Ribeira, la letrada Fernanda Álvarez aportaba ayer otro punto de vista al indicar que esta reforma, como todas las del Gobierno central, le parece ambigua y genera incertidumbre e inseguridad no solo a la hora de tramitar procesalmente delitos leves, también al tipificarlos. Álvarez añade que esta situación se da también con otros delitos nuevos que recoge el documento tras su modificación, y que, además, son ambiguos y generan inseguridad jurídica, «algo que resulta intolerable. Ocurre con el término prisión permanente revisable, que es incorrecto, además de impropio de una sociedad moderna».