La Xunta niega la privatización del monte y augura más poder a los comuneros con la nueva ley

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO RIBEIRA / LA VOZ

BARBANZA

El Gobierno gallego defiende la legalidad de las deudas que se reclaman a las entidades por trabajos realizados en sus terrenos

29 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Un misma Ley de Montes y dos formas de entenderla radicalmente opuestas. La Xunta, que redactó el texto, asegura que los comuneros dispondrán de más poder para gestionar el suelo vecinal y generar mayores beneficios. Eso sí, antes tendrán que pagar el dinero que la Administración les reclama por trabajos realizados en sus dominios. Las comunidades, mientras, interpretan que las cantidades exigidas no son legales, además de inasumibles, y que la Xunta ha encontrado con estas demandas la disculpa perfecta para poner en manos de empresas privadas los terrenos.

El Secretario Xeral de Medio Rural, Tomás Fernández Couto, es el encargado de, primero, mostrar su sorpresa por la situación de «histerismo» que se está gestando. Lo segundo, desmiente cualquier intención de privatización, y lo tercero, aclara, es que la ley «está negro sobre blanco para leerla e interpretarla, por eso no entiendo las acusaciones».

Fernández Couto detalla que las deudas están justificadas, pero que, en ningún caso, conllevarán la expropiación del suelo si las comunidades no pueden asumirlas. «Las que puedan pasarán a ser independientes, y no como hasta ahora, que contaban con la ayuda de la Administración para realizar diferentes trabajos. Los casos que no puedan abonar el dinero reclamado serán estudiados uno a uno. Pero la ley dice muy claramente que seguirán, con un nuevo convenio, bajo tutela de la consellería para explorar nuevas vías de ingresos y continuar creciendo hasta que puedan independizarse».