La Xunta niega la privatización del monte y augura más poder a los comuneros con la nueva ley

El Gobierno gallego defiende la legalidad de las deudas que se reclaman a las entidades por trabajos realizados en sus terrenos


RIBEIRA / LA VOZ

Un misma Ley de Montes y dos formas de entenderla radicalmente opuestas. La Xunta, que redactó el texto, asegura que los comuneros dispondrán de más poder para gestionar el suelo vecinal y generar mayores beneficios. Eso sí, antes tendrán que pagar el dinero que la Administración les reclama por trabajos realizados en sus dominios. Las comunidades, mientras, interpretan que las cantidades exigidas no son legales, además de inasumibles, y que la Xunta ha encontrado con estas demandas la disculpa perfecta para poner en manos de empresas privadas los terrenos.

El Secretario Xeral de Medio Rural, Tomás Fernández Couto, es el encargado de, primero, mostrar su sorpresa por la situación de «histerismo» que se está gestando. Lo segundo, desmiente cualquier intención de privatización, y lo tercero, aclara, es que la ley «está negro sobre blanco para leerla e interpretarla, por eso no entiendo las acusaciones».

Fernández Couto detalla que las deudas están justificadas, pero que, en ningún caso, conllevarán la expropiación del suelo si las comunidades no pueden asumirlas. «Las que puedan pasarán a ser independientes, y no como hasta ahora, que contaban con la ayuda de la Administración para realizar diferentes trabajos. Los casos que no puedan abonar el dinero reclamado serán estudiados uno a uno. Pero la ley dice muy claramente que seguirán, con un nuevo convenio, bajo tutela de la consellería para explorar nuevas vías de ingresos y continuar creciendo hasta que puedan independizarse».

Afectados por incendios

El alto cargo de la Xunta de Galicia detalla que hay entidades que son improductivas a causa de los incendios. «No podemos pedir a ciertas comunidades que llevan años sufriendo las consecuencias del fuego que tienen que pagar.

Esos son los casos que tenemos que estudiar», explica Fernández Couto, que también rechaza las denuncias realizadas por comuneros de Barbanza que aseguran que su consellería les intervino el 30% de las ganancias obtenidas en subastas de madera: «Ese porcentaje está recogido en el convenio que será destinado a la Administración, es así desde hace tiempo y no entiendo las protestas que surgen ahora».

Para concluir, Fernández Couto aseguró que se reunirá con la Organización Galega de Montes Veciñais cuando lo haga con el resto de entidades que se ven afectadas por la nueva Ley de Montes de Galicia.

«No entiendo este histerismo, la ley busca que los vecinos tengan más capacidad para gestionar»

«Las entidades que no paguen seguirán siendo dueñas del suelo, igual que hasta ahora»

Tomás Fernández Couto

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