La escasez de recursos impide a los concellos expropiar las casas en ruinas para arreglarlas

Las legislaciones gallega y autonómica otorgan un poder imposible de ejercer


ribeira / la voz

Los ayuntamientos ya están acostumbrados a que les carguen con competencias sin que redunden en un incremento de sus fondos para poder ejecutarlas. La Lei de Vivenda de Galicia, aprobada hace un par de años, y un Real Decreto publicado el pasado 1 de julio son un ejemplo de ello. En ambos casos se indica que corresponde a la Administración municipal velar por el cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de edificios en estado ruinoso. En el caso de la normativa autonómica, el artículo 30 alude a la posibilidad de expropiar inmuebles «cando estean baleiros e presenten condicións de deterioración grave». Sin embargo, y pese a que Barbanza tiene un buen número de construcciones en esta situación, los concellos no pueden afrontar económicamente la enajenación.

Un técnico municipal de urbanismo noiés indica al respecto que una decisión de ese tipo solo se adoptaría en el caso de que el inmueble tuviera cierta entidad de carácter histórico o arquitectónico y al mismo pudiera dársele un uso público.

En la comarca no hay, al menos por el momento, precedentes de apropiación de una edificación privada por encontrarse en situación de abandono.

Sin embargo, las casas en ruinas constituyen un foco de problemas para las Administraciones locales, además de causar un fuerte impacto visual.

Muchas de ellas sirven de cobijo para personas desarraigadas, lo que acaba desembocando en quejas vecinales -en Ribeira se ordenó hace unos meses el tapiado de una vivienda de la avenida de Ferrol por este motivo-. Otras se convierten en vertederos, muchas veces situados en los cascos urbanos, y un tercer grupo se encuentra en unos niveles tan elevados de deterioro que supone una amenaza pública.

Proceso complejo

Lo más habitual es que los concellos remitan requerimientos a los titulares de las propiedades deterioradas instándolos a que las arreglen. Sin embargo, es frecuente que los dueños hagan caso omiso, a veces porque económicamente no pueden afrontar el gasto, o que se limiten a efectuar un apaño que no resuelve el problema, y lo que todavía sucede con mayor frecuencia es que se desconozca quiénes son los propietarios o cuál es su paradero.

Los ayuntamientos tienen la alternativa de ejecutar los arreglos pertinentes y pasar luego la factura a los titulares, pero aquí se topan con un complejo proceso administrativo que, en la práctica, hace que solo se adopte este sistema en casos extremos. Para intervenir en una propiedad particular, el concello debe solicitar autorización al juzgado, lo que puede motivar que pasen años hasta que se pueda intervenir.

Un técnico barbanzano asegura que ocho de cada diez inmuebles ruinosos continúan degradándose por lo difícil que resulta intervenir. De hecho, se limitan a media docena los expedientes actualmente abiertos en los concellos de la comarca por la existencia de inmuebles deteriorados.

La mayor parte de los informes se hacen cuando la construcción supone un riesgo y la intervención es casi obligatoria. En Boiro hay, desde marzo, tres procesos en curso, relativos a otras tantas construcciones, situadas en Mañóns, Cabo de Cruz y Mieites. El plazo dado a los propietarios para que ejecutaran los arreglos precisos ha expirado, por lo que el Concello tendrá que revisarlos.

También hay un caso paradigmático en Rianxo, una construcción situada a la entrada de la villa que amenaza con caerse. El asunto está en vía judicial y el Concello confía en que se produzca pronto una resolución. Por lo que respecta a Ribeira, los técnicos tienen previsto iniciar en breve un proceso para instar a los titulares de dos inmuebles del casco urbano muy deteriorados a que tomen medidas.

Labor de vigilancia

Aunque los expedientes abiertos son pocos, los concellos sí que mantienen cierto control sobre las edificaciones que carecen de cuidados. La vigilancia se produce especialmente en términos como Noia, Muros o Rianxo, en los que funcionan las áreas de rehabilitación (ARI). En este sentido, el técnico muradano Pablo Castro señala: «Facemos un labor de vixilancia e inspección».

Pese a que los arreglos en las ARI están subvencionados, en Noia y Muros indican que la solicitud de ayudas ha caído.

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