Daños colaterales de legislar a salto de mata


La prohibición de fumar en lugares públicos que establece la ley antitabaco que entró en vigor el pasado mes de enero, es un ejemplo muy ilustrativo de que legislar a salto de mata produce daños colaterales. Y claro está, a más improvisación, mayores son los daños y mayor es la diversidad de colectivos que resultan dañados.

No se trata de discutir la conveniencia de una ley que permite liberar a los hosteleros de muchas horas de trabajo diarias libres de humos nocivos y preserva el derecho de los no fumadores a no serlo si así lo han decidido. Es una cuestión de salud pública y así lo ha entendido la sociedad española respetando su cumplimiento casi al 100%.

Sin embargo, si el fondo no se discute, las formas ya son harina de otro costal. Aún a riesgo de equivocarme, parece obvio que la falta de coraje político provocó que esta fuera una ley de dos velocidades.

En la primera se obligó a los empresarios del sector hostelero a habilitar espacios para fumadores con el consiguiente desembolso económico. Sin tiempo para amortizar llegó la segunda velocidad y de su mano esta nueva prohibición absoluta y permanente.

La puntilla se encargaron de darla los ayuntamientos con unas ordenanzas que, en la mayoría de los casos, no contemplan en absoluto los condicionantes de la mentada normativa estatal y que pone al hostelero en la dicotomía de elegir entre atraer al cliente y afrontar severas sanciones económicas.

Que el sector hostelero no es la quintaesencia del corporativismo es evidente y por eso, a pesar de tener un peso tan importante en el Producto Interior Bruto del país y formar parte de nuestra cultura, siguen siendo preocupantemente vulnerables.

Es la cantidad que se llegó a alcanzar en la villa noiesa, uno de los municipios con mayor número de terrazas

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