La basura tiene color político

La ideología de los gobiernos locales fue determinante en Barbanza a la hora de inclinar la balanza hacia Sogama o hacia el proyecto de compostaje


mazaricos/corresponsal.

La gestión de los residuos es, tradicionalmente, uno de los asuntos que mayores quebraderos de cabeza causa a los responsables municipales. A la preocupación por los elevados costes de recogida y transporte de la basura se unen además otros condicionantes relacionados con los procesos de transformación y reciclaje de los deshechos o, si es el caso, de su incineración. Aspectos estos que acostumbran a crear diferencias insalvables entre los partidarios de optar por uno u otro modelo, máxime si se tiene en cuenta el relevante papel que juega la ideología política de aquellos representantes públicos que, puntualmente, defienden determinadas posiciones.

Y es que, aunque resulte difícil de creer, también la basura, o, si se prefiere, su tratamiento final tiene, a veces, color político. Quedó de manifiesto en la comarca durante la última década a raíz de la constitución de la Mancomunidade de Municipios Serra do Barbanza, una iniciativa puesta en marcha en 1998 por los municipios de Brión, Lousame, Muros, Pobra, Porto do Son y Rianxo, todos ellos gobernados entonces por alcaldes no pertenecientes al Partido Popular, como alternativa al modelo Sogama (Sociedade Galega do Medio Ambiente), iniciado apenas tres años antes por el ejecutivo popular de la Xunta de Galicia.

Bien por las excelencias ambientales o económicas del proyecto autonómico ubicado en Cerceda, por la reseñada afinidad u obediencia política o por los beneficios que suponía la promesa de disponer de financiación pública para el cierre de los basureros donde venían depositando sus residuos algunos ayuntamientos, Boiro, Ribeira, Outes, Mazaricos, Noia y Carnota, optaron por subirse al carro de Sogama, del que solo se apearían los dos últimos, precisamente coincidiendo con los cambios políticos registrados en ambas corporaciones. La misma situación que propició que A Pobra abandonara la mancomunidad en septiembre del 2000 para adherirse al proyecto respaldado por la Consellería de Medio Ambiente.

Fue precisamente este apoyo institucional lo que allanó el camino para que Sogama se convirtiese en el principal centro de tratamiento de residuos de la comunidad, al que acuden actualmente 294 de los 313 municipios gallegos. Bastante más complicada fue la evolución del proyecto de compostaje nacido en la comarca que, en varias ocasiones, estuvo a punto de fracasar estrepitosamente debido al abandono de la entidad por parte de alguno de sus socios fundadores.

Desacuerdos sonados

El más sonado fue el de Rianxo, en el mes de febrero del año 2001, motivado por desacuerdos económicos del ejecutivo con el contrato que debía firmarse con la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), encargada de la ejecución del plan de tratamiento de residuos, y en el que el mandatario rianxeiro, Pedro Piñeiro, decía apreciar además «anomalías jurídicas y administrativas».

La ruptura de A Pobra y Rianxo con la mancomunidad reducían el proyecto a un territorio con poco más de 32.000 habitantes -los estudios señalaban que con menos de 50.000 no sería rentable- por lo que las miradas de Ramón Quintáns, alcalde sonense y presidente de Serra do Barbanza se dirigían con cierta urgencia, pese a refrendar el contrato con FCC y así evitar el pago de una indemnización, a buscar nuevos socios. Lejos de conseguirlo y solo diez días después, el Ayuntamiento de Muros también comunicaba su intención de marcharse hacia Sogama por entender que sin los rianxeiros el proyecto de compostaje no resultaba económicamente viable pese a reconocer sus bondades desde el punto de vista ambiental. La mancomunidad se quedaba así solo con la mitad de sus promotores iniciales y todo apuntaba a su segura desaparición.

Hasta que, paradójicamente, apareció en escena el conselleiro de Medio Ambiente, Carlos del Álamo, uno de los impulsores de Sogama que se comprometía, en una entrevista con los alcaldes de los tres municipios de Serra do Barbanza, a buscar una salida a su situación, sobre todo con visos a no perder la ayuda europea de casi tres millones de euros concedida para la puesta en marcha del proyecto.

Esto sucedió en septiembre del 2003, con el tratamiento con éxito de los primeros residuos, lo que provocó que en los ejercicios siguientes la nómina de socios se fuese ampliando con la incorporación de Rois, Carnota, Ames, Noia, Muros y Pontecesures. Por el medio hubo contratiempos, como los derivados de la cercanía de la planta de Servia a un polvorín -que ahora parece que se va a resolver- o de la ausencia de la autorización autonómica definitiva para la gestión de determinados residuos, que quedó solucionada a finales de 2004.

En la actualidad, la planta está a pleno rendimiento, lo que ha llevado a alguno de los presidentes que tuvo la mancomunidad, como el alcalde de Lousame, Santiago Freire, a reunirse con responsables autonómicos para estudiar la posibilidad de ampliar las instalaciones y aumentar su capacidad de tratamiento de desechos de las 30.000 toneladas hasta las 200.000.

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