Los informes urbanísticos de Porto do Son serán gestionados por la Xunta


La corporación municipal de Porto do Son decidió en la última sesión plenaria ceder a la Axencia de Protección de Legalidade Urbanística (APLU) -ente dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas- la gestión de los expedientes urbanísticos, supuestamente irregulares, que se han abierto en los últimos años en el municipio. En total, serán un centenar los informes que se remitirán a la Administración autonómica.

El alcalde, Manuel Tomé, estimó que la operación supondrá un coste de unos 7.000 euros anuales: «Esta adhesión á axencia supón un menor custe que si é o propio Concello o que ten que tramitar todos os informes de forma individualizada», comentó. La Administración gallega cobrará al Concello 50 euros por cada núcleo poblacional del municipio (cerca de 150 en total).

Sin embargo, el punto del orden del día más conflictivo fue el relacionado con la peatonalización de la rúa Ramblas de Portosín. El equipo de gobierno presentó, mientras se debatía una moción presentada por el BNG para humanizar esta vía, un documento firmado por una treintena de vecinos en el que ya se detallaban una serie de actuaciones previstas en la zona, como la colocación de pivotes y tarjetas de acceso a las viviendas, locales comerciales y a la guardería.

Esto causó malestar entre la oposición. Así, la portavoz del BNG, Ánxela Franco, criticó la medida porque «supón un gasto para o Concello e unha discriminación para os usuarios desta rúa como transportistas ou familiares que van deixar aos cativos á escola infantil». La portavoz censuró al alcalde por presentar un acuerdo con los residentes sobre el proyecto «sen dar conta del na última comisión informativa, sabendo da existencia do documento».

Por su parte, Gonzalo Pérez, de Alternativa Veciñal de Porto do Son, propuso sustituir los pivotes y las tarjetas magnéticas por badenes, y facilitar así el acceso de los vehículos a la calle.

Anteayer también se aprobó que la parroquia de Miñortos se incluya en el plan de abastecimiento del municipio, gracias a los 615.000 euros aportados por la Diputación dentro del Plan de Cooperación con los Concellos. Asimismo, las obras de abastecimiento en Queiruga y Baroña serán financiadas por la Xunta con dos millones de euros.

Polémica

Como viene siendo habitual, la tensión fue la protagonista del pleno desde el primer punto. El grupo socialista abandonó la sala porque, a su entender, el concejal de Urbanismo, José Antonio Martínez, debía pedir disculpas al portavoz del PSOE, Ramón Quintáns, al que en la sesión anterior acusó de ser «corrupto».

Tras muchas peticiones de los socialistas, el del viernes fue el primer pleno grabado en meses.

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