? partir del momento en que la consellería abre un expediente por maltrato infantil, comienza una larga labor social, realizada tanto por expertos del Concello como de la Xunta, que se puede alargar durante años. Cuando se detecta una agresión o un abuso, los trabajadores sociales ponen en marcha un programa de intervención con la familia, con el objetivo de conseguir cambios de conducta. Si no se logra ninguna mejora, es cuando el departamento autonómico dicta una sentencia de guarda o la retirada de la tutela. Sin embargo, el trabajo con los padres continúa, con el fin de que los menores en riesgo puedan regresar a sus viviendas. «Siempre se intenta que se produzca un retorno al hogar», explicó una especialista de Ribeira. Trabas La falta de colaboración por parte de algunas familias dificulta, en muchos casos, la labor de los departamentos de servicios sociales. «Cuando no son conscientes de que hay un riesgo de que les separen de sus hijos, no suelen mostrar mucho interés en trabajar», comentó una técnica de la capital barbanzana. En caso de que con ninguna de las medidas adoptadas por la consellería se obtengan buenos resultados, el menor en riesgo podrá ser acogido por otra familia y, posteriormente, adoptado. Sólo cuando comienza el proceso de prohijamiento, o tiene lugar el retorno del pequeño a su hogar, el departamento autonómico procede a cerrar el expediente administrativo.