Los proveedores de Vilanova tardan un año en cobrar por el alto nivel de deuda

El Concello recurrirá a un crédito del ICO para poder agilizar el pago de las facturas


vilanova / la voz

Vilanova es uno de los concellos de Galicia que más tarda en pagar sus facturas. Sus proveedores deben esperar un promedio de 372 días para cobrar por sus servicios y suministros, es decir, más de un año, muy lejos de los sesenta días de plazo máximo que marca la ley.

Esta situación ha sido denunciada reiteradamente por parte de los grupos de la oposición, que apuntan al grupo de gobierno y a su mala gestión como el responsable de estas magnitudes desorbitadas.

El alcalde, Gonzalo Durán, se defiende y sostiene que se están haciendo las cosas bien. El regidor aporta como prueba el último informe de Intervención, que indica que el balance de la liquidación de este año es positivo en 600.000 euros y que la deuda viva ha descendido en 800.000 euros, pero las cuentas municipales arrastran dos losas muy pesadas: una deuda de 246.935 euros con Sogama, que está previsto pagar con cargo al Fondo de Cooperación Local, y otra de 941.000 euros con Celtraprix, que reclama una serie de cantidades al Concello por el servicio de recogida de la basura que estuvo prestando en el municipio durante años.

El asunto está en los tribunales porque no hay acuerdo entre las partes y, a la espera de la resolución judicial, este lastre provoca que el Concello vuelva a suspender en el plan de ajuste al que lo sometió el Ministerio de Hacienda. Durán Hermida afirma que este escenario cambiará a partir del verano del 2019. La solución se busca a través de una operación financiera (fondo de ordenación) con el ICO, que establece una línea de crédito al 1,3 % de interés.

Este préstamo se destinaría a pagar la deuda de Celtaprix, un asunto que sigue pendiente por dos motivos: porque los asesores municipales recomiendan no mover ficha a la espera de una sentencia judicial y porque la línea de crédito del ministerio no entra en vigor hasta el mes de julio.

Baile de cifras

De todo ello tocaba hablar ayer en el pleno de Vilanova, pero la corporación pasó de puntillas por este asunto. Sí se adoptó el acuerdo de facultar al Concello para adherirse a la operación de crédito con el ICO.

Más allá del debate plenario, el discurso del gobierno y de la oposición sobre la situación económica del Concello sigue pivotando sobre cifras dispares. El alcalde situaba ayer la deuda municipal en ocho millones de euros; Gañemos Vilanova, en diez millones, y el PSOE la eleva a once millones.

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Plazo medio de pago a proveedores

El máximo legal está establecido en sesenta días. Vilanova nunca cumplió esta ratio

Una sesión fugaz en la que el PSOE puso en cuestión el nombramiento de la jueza de paz

La convocatoria era para las diez de la mañana y a los diez minutos se había levantado la sesión. De los cuatro puntos que figuraban en el orden día, el de más enjundia era el económico, habida cuenta de la precaria situación en que se encuentran las arcas locales. Pero, esta vez, apenas suscitó debate. Sí lo hubo, aunque breve, en relación al cuarto y último punto del orden del día, relativo al nombramiento del juez de paz sustituto por ausencia del titular.

El Concello de Vilanova recibió tres propuesta para cubrir este puesto y decidió aprobar la de María del Carmen Oubiña Suárez, que es la persona que está desempeñando actualmente estas funciones.

El PSOE en contra

El PSOE votó en contra y expresó su desacuerdo con esta elección, no por que ponga en cuestión la solvencia de la actual jueza de paz, sino por el procedimiento seguido, que consideran arbitrario y falto de rigor.

Gonzalo Durán presenta como principal aval a la hora justificar la elección del gobierno municipal en que «esta persona ya está haciendo esta labor y la está haciendo bien», por encima de otras consideraciones de tipo curricular.

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