«Pagamos 1.500 euros ao mes e non sabemos que vai ser dos nosos pais»

Familiares de los usuarios exigen soluciones para evitar la dispersión de sus mayores


vilagarcía / la voz

Por detrás de la ausencia de licencias, los manejos del conglomerado de empresas que facturan, de las inspecciones de la Consellería de Política Social, las denuncias de la CIG y las irregularidades detectadas en la residencia Valle-Inclán se encuentran un centenar de personas y sus familias. Ellas son las verdaderas víctimas de un conflicto que, muy probablemente, acabe con el cierre de las instalaciones de Vilanova y un problema de órdago para quienes viven en ellas. Las reflexiones de un hombre cuyo padre está ingresado en el centro merecen ser tenidas en cuenta, ahora que los acontecimientos se precipitan: «Estamos pagando 1.500 euros cada mes e agora resulta que non sabemos que vai ser dos nosos pais».

A este usuario la Xunta le notificó hace meses que la residencia iba a ser clausurada y que debía ir pensando en alguna alternativa. El departamento autonómico asegura que facilitará un listado de centros a los familiares de los 106 mayores que habitan la Valle-Inclán. «Pero o que non comprendemos é que este centro estea funcionando sen licenza e que agora non se atope unha solución, ¿como imos facer?, ¿marchar con eles a Lugo?. ¿como imos poder visitalos?», se pregunta mientras expresa una idea: «¿Non pode a Xunta facerse co control desta residencia e xestionala ou buscar unha empresa que si cumpra coa lei»?.

Tourís anuncia que la consellería busca plazas en centros de toda Galicia para los residentes

El futuro del centenar de mayores que viven en la residencia Valle-Inclán se encuentra en centros del resto de Galicia. Así lo apuntó ayer, al menos, el delegado de la Xunta en el norte de la provincia, el popular José Manuel Cores Tourís: «Algúns usuarios son autónomos e as súas familias quizás queiran que volvan a casa, e outros buscarán unha nova residencia». Por lo que respecta a las gestiones del departamento autonómico, Tourís anuncia que está buscando todas las opciones posibles: «Temos constancia de que hai prazas suficientes para autónomos noutras residencias privadas como esta por toda Galicia; para os dependentes, a Xunta está a buscar prazas en residencias públicas».

El cierre «é unha realidade»

Política Social, de hecho, está trabajando en estos momentos en la valoración de los 106 usuarios de la residencia vilanovesa con la vista puesta en que sean ingresados en otros centros. «O peche definitivo é unha realidade e agora estamos tratando de resolver o problema das familias», confirma Tourís, quien recuerda que la clausura fue decretada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tras la desestimación de los recursos que interpuso la empresa que gestiona las instalaciones. El plazo establecido para ello expiró el 26 de octubre, momento en el que la Xunta da por finalizado su proceso de inspección y traslada el expediente a la Fiscalía. El 2 de noviembre, los responsables de las instalaciones recibieron la notificación de la orden y, a lo largo de los días siguientes, la consellería se puso en contacto con las familias.

La plantilla apoya a la dirección del centro y carga contra la CIG y la Xunta

Los 51 trabajadores que conforman la plantilla de la residencia suscriben un escrito en el que defienden sus puestos, apoyan a Enrique Martínez y a su equipo directivo y cargan las tintas contra la Xunta y, sobre todo, la CIG, sindicato al que acusan de difundir «tendenciosas, injuriosas y falsas informaciones».

Para empezar, los empleados aseguran estar al corriente en el pago de sus nóminas y subrayan que el estado y mantenimiento de las instalaciones «son exquisitos». En cuanto a la central nacionalista, afirman no comprender su énfasis en conseguir un cierre que «conllevaría la pérdida de 51 puestos de trabajo directos». Dicen que ni la CIG ni su secretario en Arousa, Xan Bouzas, les representan y piden que «les dejen en paz». «No nos extraña -añaden- que cada día tengan menos afiliados».

Pero no se queda la cosa en las críticas a la actuación sindical, puesto que los trabajadores tiran a dar también contra la Xunta, a la que acusan directamente de acosarlos a través de su servicio de inspección: «Desde el 2013 hemos recibido más de veinte inspecciones, las dos últimas en un intervalo de diez días; dudamos mucho que sean igual de diligentes en el resto de los centros gallegos». También replican que la consellería miente al hablar de «numerosas irregularidades», pues las que se han detectado «son de carácter menor y relacionadas con cuestiones burocráticas», nunca, desmienten, referidas al servicio que prestan a sus residentes. Por último, aseveran que las familias están contentas con el servicio y reprochan a la Xunta «el tono amenazante» de las cartas que les ha remitido.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
4 votos
Comentarios

«Pagamos 1.500 euros ao mes e non sabemos que vai ser dos nosos pais»