Cien mayores viven en la residencia Valle-Inclán pese a que hace un año la Xunta ordenó su cierre

La CIG denuncia la existencia de una trama societaria que factura sin licencia ante la pasividad de las Administraciones


vilanova / la voz

A la vista del último informe que los servicios técnicos de la Consellería de Política Social han elaborado y la CIG enarboló esta tarde, lo que está sucediendo en la residencia de mayores Valle-Inclán, en Vilanova, roza el escándalo clamoroso. La central nacionalista, que abandera las denuncias sobre la situación que el centro atraviesa desde hace años, explica que la propia Xunta constató, el mes pasado, que las instalaciones no solo continúan funcionando como si nada, pese al cierre que el departamento autonómico decretó en julio del año pasado, sino que está incrementando, además, el número de sus usuarios, que en estos momentos superan el centenar.

Tirando por lo bajo, el sindicalista Xan Bouzas calcula que quienes dirigen el negocio están ingresando 150.000 euros cada mes. La CIG subraya que, tal y como la Xunta ha comprobado, los contratos laborales están firmados por Dos Andando S. L., mientras que las facturas de proveedores van por cuenta de Residencias Mayores 2013 S. L. y los contratos de prestación de servicios son rubricados por los propios usuarios y la compañía Euroconsultores Sociosanitarios S. L. La central añade un cuarto operador: «Unha sociedade chamada First Again que é a que está cobrando aos usuarios, ben en man, ben a través dunha conta bancaria», explica Bouzas. El sindicato se ha encargado de confirmar que su administrador único y accionista mayoritario es Enrique Martínez Núñez, el responsable de Viajes Silgar bajo cuya órbita la residencia fue embargada e incorporada al proceso de administración concursal. El dinero, de esta forma, elude el concurso y los controles oficiales.

Bouzas acusa a Política Social de «mirar a outro lado». Porque, si bien la consellería argumenta que deben ser el Juzgado de lo Mercantil y su administrador concursal los que lleven a cabo las actuaciones necesarias para que la residencia se cierre, lo cierto es que «aló se están a prestar servizos sociosanitarios por unha trama de empresas que non teñen licenza para facelo». Tampoco se olvida la CIG de cargar contra el juzgado y el Concello de Vilanova «por permitir que esta situación continúe». El conselleiro, añade Rosa Abuín, «ten coñecemento de todo isto, pero nin nos recibe nin responde as nosas comunicacións». Mientras, las condiciones vida de un centenar de mayores continúan hipotecadas en una residencia que, legalmente, no debería existir.

106 usuarios

Ninguno debería estar allí

La cifra mínima que cada uno de los mayores paga asciende a 1.100 euros mensuales.

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