Los vendedores no pagan por el puesto y el reparto del espacio es anárquico. El Concello no pone orden porque el terreno es de Costas. La oposición pide una solución
30 sep 2018 . Actualizado a las 14:46 h.La denuncia de una vendedora ambulante sobre un supuesto intento de extorsión por instalarse en el mercado y las lesiones que sufrió como consecuencia de la pelea que mantuvo con otra vendedora han puesto en la picota la situación en que se encuentra este mercadillo. En Vilanova no se aplica ninguna ordenanza, lo cual deriva en conflictos como el vivido la semana pasada, que obligó a intervenir a la policía local. Y como no hay ley, los vendedores no están sujetos al pago de ninguna tasa ni se les exige acreditar su condición de ambulantes. Quien llega allí, puede colocar su mercancía, sin más.
El Concello de Vilanova dispone de un reglamento, pero no lo aplica porque, según explica el alcalde Gonzalo Durán, no tiene competencias en la materia. El mercado, como otras tantas cosas en Vilanova, se realiza sobre terrenos de Costas, y como el Estado no atiende la demanda del Ayuntamiento para que le traslade su titularidad, el gobierno local se ve con las manos atadas. «No podemos regular algo que no es nuestro», apunta el regidor.
Así las cosas, la ley que impera es la de la costumbre y la tradición y cuando se produce un choque de intereses, porque llega algún vendedor nuevo -casi siempre en verano, que es cuando se hace más negocio- o porque alguien ocupa más metros de lo habitual, es el jefe de la policía local quien ejerce de árbitro. Pero este sistema no siempre funciona. De hecho no sirvió en el caso de Elena Gómez, que se disputa con otro vendedor un espacio que, según este le fue asignado, de palabra, por la policía local.
El conflicto involucró a una tercera persona, a la que Elena Gómez denunció por amenazas, agresiones, un intento de extorsión y para la que solicitó una orden de alejamiento. Afirma que le pedían doscientos euros para poder permanecer en Vilanova, mientras que la denunciada, con la que llegó a enfrentarse a golpes, lo niega y anuncia, a su vez, la adopción de medidas legales.
Es el incidente más grave ocurrido en los últimos tiempos en el mercadillo, y nada garantiza que no se vuelva a repetir. El gobierno local no interviene y la policía local solo puede hacerlo en caso de que se produzca un problema de orden público, como ocurrió el 21 de septiembre. Elena Gómez y su compañera de fatigas, Ana Fernández, han decidido dar un paso adelante.
Hartas de buscar amparo en la alcaldía, sin encontrarlo, decidieron recurrir a la prensa para hacer público el problema y a los grupos de la oposición, en busca de una voz a sus demandas ante el pleno de la corporación. «Nosotras lo que queremos con todo esto es que se sepa la situación en que se encuentra el mercado y que el Concello tome medidas. Llevamos muchos años luchando, estamos cansadas», señala Ana Fernández, quien también tuvo que acudir al juzgado por problemas con su vecina de puesto.
Las concejalas Sheila Ferreira (PSOE) y Elena Cores, (Gañemos) comparten la preocupación por este asunto y piden al gobierno local que busque una vía ante Costas del Estado que permita acabar con la anarquía que reina en el mercado.
La plaza de abastos también es objeto de noticia estos últimos días. El gobierno local pretendía aprobar una nueva ordenanza fiscal para la plaza en el pleno del pasado lunes, pero tuvo que retirar el punto del orden del día ante las críticas recibidas por parte de la oposición y de algunos de los placeros. Se quejan de que el documento no fue consensuado con los comerciantes y piden un debate sobre el mismo. La nueva ordenanza implica la subida de las tasas por ocupación de un puesto que, en algunos casos, llega al 50 %, lo cual ha disparado las alarmas dentro del sector. A mayores, el gobierno local anunció que está en fase de elaboración de las bases para sacar a subasta los puestos de la plaza de abastos.