La abogada de Pepe el utillero pide tres años de prisión para el presidente del Arousa

La Fiscalía también acusa a Manuel Abalo de dos delitos en la caída desde la cubierta, pero rebaja la petición a dos años de cárcel


vilagarcía / la voz

El accidente que el 9 de abril del 2015 casi acaba con la vida de José Manuel García Bello, el utillero del Arousa S. C., está a punto de desembocar en una causa judicial que podría acarrear graves consecuencias para el presidente del primero de los clubes de fútbol de Vilagarcía. Manuel Abalo se enfrenta a dos acusaciones. La pública, representada por la Fiscalía de Pontevedra, considera probada la comisión de un delito contra el derecho de los trabajadores, al que añade otro por lesiones imprudentes. Por ambos, solicita para Abalo una pena de dos años de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer cualquier cargo directivo durante el mismo período. La particular, que ejerce Pepe el utillero a través de la abogada María Isabel Velasco, va un paso más allá y pide para el máximo responsable del club una condena de tres años. La diferencia no es solo cuantitativa, puesto que, en caso de que la jueza asumiese sus argumentos, la sentencia supondría su ingreso en prisión.

Lo ocurrido es de sobra conocido en la capital arousana. Aquella mañana de primavera, Pepe el utillero se encarama a la cubierta de una de las gradas del estadio de A Lomba en busca de los balones que se acumulaban sobre ella. Camina sobre una viga, pero en un momento dado pone el pie sobre una pieza de uralita y esta se viene abajo. El hombre se precipita a la bancada de hormigón desde una altura de unos cinco metros y sufre gravísimas lesiones, a raíz de las cuales padece diferentes secuelas.

La relación laboral existía

A partir de ese momento se inicia un calvario físico para Pepe el utillero, y una pesadilla legal para el Arousa. El club niega la existencia de relación laboral alguna con el utillero, al que considera como un directivo más que prestaba su colaboración al equipo. El Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra tumba, sin embargo, las razones de la entidad deportiva y considera que, en efecto, dicha relación laboral existía.

Esto, por lo que respecta a la vertiente administrativo laboral. Porque, al mismo tiempo, se desarrolla un proceso de investigación policial y judicial que conduce a una serie de conclusiones que la Fiscalía hace propias. «Las causas del accidente se debieron a la ausencia de organización preventiva por parte de la empresa Club Arousa S. C., que no había realizado evaluación de riesgos alguna y, por lo tanto, tampoco había previsto un procedimiento seguro para la retirada de los balones». En este punto coinciden el ministerio público y la representación legal de Pepe el utillero. Pero, además, el escrito de acusación asegura que estas circunstancias «eran conocidas por el acusado que, a pesar de ello, hizo que el trabajador del club desempeñara la actividad en condiciones inseguras, con inobservancia de las medidas preventivas que estaba obligado a garantizar, y con grosero desprecio para la vida e integridad física del mismo». En otras palabras, responsabiliza a Abalo.

El club, el Concello de Vilagarcía y la fundación se arriesgan a pagar entre 140.000 y 300.000 euros como indemnización

Al margen de las implicaciones que este proceso puede arrojar sobre Manuel Abalo, existe una vertiente económica en absoluto despreciable. Tanto la Fiscalía como la abogada de José María García Bello solicitan cuantiosas indemnizaciones para el utillero. De ellas tendrían que hacerse cargo solidariamente el Arousa, como empresa para la que trabajaba García, el Concello de Vilagarcía, en calidad de propietario del campo de fútbol de A Lomba, donde se produjo el accidente, y la Fundación de Servizos Deportivos Municipais, en tanto que ente que gestiona las instalaciones. Las peticiones oscilan entre los 140.000 y los 300.000 euros.

El ministerio público considera que las aseguradoras de estos tres organismos deberían pagar a Pepe el utillero 13.631 euros por los días que fueron necesarios para su recuperación, 86.407 euros por las secuelas que su escalofriante caída le acarreó y 15.041 euros para cubrir los perjuicios estéticos que entrañó el accidente. En total, 115.079 euros a los que, señala la Fiscalía, sería preciso añadir un recargo del 20 % en función de la naturaleza del delito y las circunstancias que rodean el caso. La suma final asciende a 138.094 euros.

La representación legal de García Bello duplica, en su petición, esta cuantía. La abogada entiende que son necesarios 49.845 euros por la recuperación, además de 144.562 euros más por las secuelas y el perjuicio estético. A ellos les añade 95.862 euros por la incapacidad permanente que Pepe el utillero padece a raíz del accidente y otros 25.889 en concepto de lucro cesante. La cuenta resultante se eleva a 316.158 euros.

¿Pero por qué tanto dinero? La respuesta se encuentra en los escritos de acusación. El utillero necesitó 229 días para recuperarse, según la Fiscalía, que según su abogada fueron en realidad 849. El núcleo del asunto son, no obstante, las secuelas que sufre el antiguo trabajador del Arousa. A saber, dolor en el hombro y artrosis postraumática, limitación muy grave de movimientos en la muñeca derecha, pérdida de fuerza y destreza para la aprehensión con la mano derecha, limitación global de movilidad en un 50 % en la cadera derecha y pérdida de fragmento óseo, que probablemente conduzca a su sustitución por una prótesis, y cicatrices de 10, 9 y 19 centímetros en el nacimiento del pelo, la muñeca derecha y una cadera.

El testimonio de los policías y del funcionario que elevó al trabajador

Tanto la Fiscalía como la abogada de García Bello han solicitado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vilagarcía la apertura de juicio oral por este caso, cuya fecha todavía no ha sido fijada. Entre los actos probatorios que propone la representación legal del utillero se encuentra el interrogatorio de Manuel Abalo, en calidad de acusado, y el testimonio del propio utillero, del funcionario que operaba la máquina elevadora que le subió a la cubierta de A Lomba y de los policías nacionales que investigaron las circunstancias de la caída. Asimismo, solicita la intervención de una inspectora de Trabajo y de un técnico de la Seguridad Social, además de la de una médico forense. El ministerio público, por su parte, hace suyas esta serie de peticiones.

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