El PP dijo que, según los datos, no hace falta un servicio de soporte vital avanzado, pero votó a favor de pedirlo
01 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La demanda de una ambulancia de soporte vital avanzado para la comarca de O Salnés se ha convertido en una cuestión recurrente en la agenda política de una comarca que se siente maltratada por Sanidade. Y parece que así seguirá siendo: «Non imos parar ata conseguila», anunciaba ayer el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, antes de votar la moción presentada por su grupo para instar a la Xunta a que «reconsidere» su postura y apoye la demanda de profesionales sanitarios como los que ayer por la tarde siguieron la sesión plenaria.
La moción iba a ser apoyada por unanimidad. El respaldo de los grupos de izquierdas no resulta sorprendente: todos ellos llevan tiempo reclamando mejoras en las prestaciones sanitarias de los vecinos de la comarca. De hecho, los portavoces de estas formaciones hicieron intervenciones breves en las que ponían el foco sobre el «maltrato» que sufre O Salnés en este asunto, y del que la ausencia de una ambulancia medicalizada no es más que «outro exemplo». El voto del PP resultó, sin embargo, más sorprendente. Rocío Llovo, que actuó como portavoz de este grupo, tomó la palabra dispuesta a desmentir las «medias verdades» que, a su juicio, está usando el PSOE en este asunto. En su discurso, Llovo explicó que los datos que maneja la Administración indican que no es necesario que O Salnés disponga de una ambulancia de soporte vital avanzado. También incidió en que, en estos momentos, son los profesionales médicos los que deciden a qué lugar debe ser trasladado cada paciente que sufre un infarto. Pero, pese a todo ello, su grupo acabó finalmente apoyando una moción porque «siempre apoyaremos lo que sea bueno para Vilagarcía» y para «evitar el titular que ustedes quieren, de que el PP vota que no a la ambulancia».
Alberto Varela respondió con sorna a los populares. «O seu papel, hoxe, non é fácil», dijo. Y aseguró que dotar a la comarca de ese servicio es cuestión de voluntad política. Costaría 600.000 euros al año, algo menos que lo que se consume en pagar a los sacerdotes que prestan sus servicios en los hospitales.