La Xunta regatea de nuevo la creación de un cuarto juzgado en Vilagarcía

Se trata de una larga reclamación, que gana sentido con el paso del tiempo y la acumulación de expedientes pendientes de resolución. La creación de un cuarto juzgado en Vilagarcía ha caído, sin embargo, en una suerte de limbo que de momento no parece tener salida. La última respuesta que el departamento de Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza acaba de proporcionar a una pregunta del grupo socialista en el Parlamento de Galicia incide en esta sensación de congelación de un proyecto que el propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia llegó a reclamar como imprescindible para acabar desapareciendo de sus memorias anuales. «As futuras creacións de xulgados -explica la Xunta- van depender da carga de traballo que estatisticamente acrediten os xulgados, así como do número de unidades xudiciais que contemplen crear os Orzamentos Xerais do Estado e a súa asignación concreta a Galicia».

Una de estas dos variables se cumple perfectamente, a la vista de que, año tras año, las salas de la capital arousana muestran niveles de ocupación que superan de largo la carga de trabajo idónea. Que los Presupuestos Generales del Estado se detengan en ello es ya, en cambio, harina de un costal muy diferente. Teniendo en cuenta el evidente deterioro de instalaciones como la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Marxión -el lavado de cara de su fachada fue eso, un lavado de cara a base de pintura- sin que la cuentas del Estado se decidan a construir el nuevo cuartel, el camino hacia el cuarto juzgado se antoja complicado por esa vía.

Organizando la documentación

Vicepresidencia, en cualquier caso, recuerda que ambos factores, la carga de trabajo y el número de creación, son analizados por la comisión mixta que componen el TSXG y la Xunta, a fin de elaborar una propuesta.

Sí hay un aspecto en el que, de todas formas, sí ha trabajado a fondo la Administración autonómica en los últimos años. Se trata de la ordenación y el expurgo -limpieza de lo accesorio e innecesario- de los expedientes judiciales. El año pasado, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vilagarcía fue incorporado a un proyecto piloto para organizar toda la información que se acumulaba en la sala. Esta, explica el departamento autonómico, se registró en la aplicación informática Arquivo. Se desarrolló, al mismo tiempo, un sistema informático para la gestión de los expedientes físicos, una labor que se dividió en dos partes: por un lado, la organización, descripción e instalación de la información judicial custodiada en la sala; por otra, la creación de un sistema que permitiese la identificación y gestión de los bienes inmuebles incautados. Este proceso, añade la Xunta, ya ha concluido. Su intención es extenderlo ahora a los juzgados número 2 y número 3.

La falta de espacio se rastrea hasta la misma inauguración de la sede judicial

Con cuarto juzgado o sin él, la sede judicial de Vilagarcía necesita espacio. Sus trabajadores lo necesitan. Abogados, procuradores y fiscales lo necesitan. Los archivos, al menos mientras no se consuma su informatización, también lo necesitan. Se trata de una queja recurrente que puede rastrearse hasta el mismo momento de su inauguración. Las protestas de los funcionarios obligaron al entonces conselleiro de Xustiza, Xesús Palmou, a retrasar, en enero de 1999, la fecha prevista para su apertura. Los despachos de civil y penal eran pequeños, la zona destinada a archivos no mostraba mejores perspectivas, faltaba calefacción y hasta los cristales para los interrogatorios estaban invertidos. Una reforma de última hora mejoró las cosas, pero no lo suficiente como para atajar el listado de problemas.

Tres lustros más tarde, la junta de personal de la provincia de Pontevedra recordaba, a principios de este 2017 que ya da sus últimas bocanadas, que los de Vilagarcía y Tui son los edificios judiciales que muestran un peor estado. De crítico lo calificó Xosé Barreiro, presidente del órgano de representación de los trabajadores del ramo. De ahí la reivindicación de que se frene el proceso de subasta de la parcela adyacente, que la Agencia Tributaria inició hace tiempo. El Concello está por la labor. Falta que el equipo del ministro Montoro también lo esté, porque por ahora no ha hablado. Quienes sí lo han hecho son los funcionarios, que el día 13 vaciaron las tres salas con una huelga que obligó a suspender catorce vistas.

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