Piden tres años de prisión para una pareja que envió un millón y medio de euros al Congo

Lo que comenzó como una investigación por un blanqueo de capitales derivó en un delito contra Hacienda


vilagarcía / la voz

Hay movimientos de dinero que retumban en Hacienda por el número de dígitos que contemplan. La primera pregunta que dejan al descubierto es de dónde salieron. La segunda, si se tributó por esas cantidades. En el caso del millón y medio de euros que un matrimonio de Caldas envió en divisas a la República Democrática del Congo se trató de dar respuestas a ambas cuestiones. Tras no poder demostrarse la sospecha de que este dinero procedía del tráfico de drogas, la Fiscalía solicita para el matrimonio que realizó el envío de dinero una pena de tres años de prisión por un delito contra la Hacienda Pública (o delito fiscal).

Los hechos que se trasladaron al juzgado se remontan a los años 2009 y 2010, cuando se detectaron unos movimientos de dinero para adquirir participaciones en una sociedad mercantil congoleña que, según indicó el matrimonio, se dedicaba a la explotación de una mina de cobre en el Congo. Los ingresos realizados son de 136.189, en el año 2009; y de 1.464.679 euros en 2010. La Fiscalía recoge, en el escrito de acusación presentado en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Caldas de Reis, que este envío de dinero tenía un objetivo claro: eludir el pago de tributos a la Hacienda Pública española dado el origen desconocido u opaco de los fondos con los cuales se realizaron las transferencias a la empresa congoleña. Se descarta así que la procedencia del dinero sea ilícita, pero se les acusa de un delito fiscal por los movimientos del 2010, cuando la cuota tributaria superó los 120.000 euros que se consideran delito. Al tributar por separado, la cantidad defraudada en este ejercicio asciende hasta 312.191 y 310.870 euros respectivamente.

Además de la pena de tres años de prisión, la Fiscalía solicita para los acusados una multa de 600.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios o de incentivos fiscales de la Seguridad Social durante un período de cinco años. Además, pide que abonen a Hacienda, en concepto de responsabilidad civil, la cantidad defraudada por cada uno en el IRPF.

Antecedentes

La investigación del dinero enviado al Congo se inició con mucha anterioridad. Comenzó en los juzgados de Vilagarcía, con un número de investigados más amplio que el matrimonio: la creencia inicial era que la pareja ejercía de testaferros de dos presuntos narcotraficantes arousanos. El hecho de que, a pesar de sentarse en el banquillo, nunca se les condenase como tal, dificultó que se pudiese demostrar que los envíos de dinero a la sociedad congolesa tenían como objetivo blanquear el dinero obtenido a través del narcotráfico por dos de los nombres más sonoros en la comarca. El matrimonio aseguró no conocerles y la investigación sobre la posible comisión de un delito contra Hacienda se trasladó a Caldas.

Los movimientos de dinero se relacionaron con dos narcos, pero no se demostró el vínculo

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