Denuncian que la Lei de Portos estrangulará la acción de los concellos en las zonas portuarias

Pese a su trascendencia en las zonas de costa, el anteproyecto de la Lei de Portos presentado por la Xunta parece haber pasado bastante desapercibido en los ayuntamientos arousanos. Para llamar la atención sobre ese texto, el BNG ofreció ayer una rueda de prensa en la que calificaba el texto presentado por la Consellería do Mar como «unha oportunidade perdida para facer realmente unha ordenación do noso litoral» y para reclamar a Madrid la transferencia de los puertos de interés general. Por no hablar de otro de los grandes problemas que, según los nacionalistas, esconde el texto: que «invade competencias municipais» convirtiendo las zonas portuarias, muchas veces integradas ya en las localidades de las que forman parte, en islas en las que los ayuntamientos poco o nada tendrán que decir.

Este asunto, la pérdida del escaso margen de maniobra que los Concellos tendrán en cuestiones que afectan en algunos caso a sus pulmones urbanísticos, fue abordado en detalle por Víctor Caamaño. El concejal cambadés, e integrante del grupo de gobierno, hizo un repaso por varias escenas de la difícil convivencia entre los ayuntamientos y Portos. Desde las tasas que se deben abonar por la celebración de los mercadillos, hasta los pagos reclamados por la colocación de un árbol de Navidad. Desde el eterno procedimiento para reformar la plaza de abastos, hasta las dificultades para conseguir que se realicen obras necesarias en zonas portuarias. La nueva ley, de ser aprobada tal y como está, no solo reforzaría esa situación, sino que pasaría a convertir las zonas portuarias en auténticas islas en cuyo desarrollo urbanístico los concellos no tendrían ni voz ni voto. Y eso, en localidades como las arousanas, no tiene ni pies ni cabeza, según razonaba Caamaño.

Su mirada, lanzada desde un gobierno municipal, es muy similar a del alcalde de O Grove, el socialista José Cacabelos. Aunque no conoce en detalle la ley, Cacabelos recordaba ayer como las zonas portuarias situadas en el corazón urbano de su municipio son una fuente constante de problemas. «No hay coordinación, ni diálogo. Hasta cuando hacen algo necesario, como asfaltar O Corgo, lo hacen en plenas fiestas del Carmen», se lamentaba el regidor.

Su grupo, a través de la diputada Dolores Toja, ha pedido, igual que el BNG, la retirada de la ley. Consideran, como los nacionalistas, que es un texto decepcionante que no aborda problemas reales, que «augura a proliferación de chiringuitos portuarios privados» y que relega a las administraciones locales «a un segundo plano», supeditando incluso el desarrollo urbanístico municipal a las decisiones e intereses de Portos.

«Cremos que un texto deste calado non pode pasar desapercibido nunha comarca coma esta», decía ayer la nacionalista Montse Prado. La diputada del BNG lamenta que el texto de la Xunta constituya una renuncia a pedir la transferencia de puertos de interés general como el de Vilagarcía. Y lamenta, también, que el texto presentado por la Administración autonómica responda a un afán privatizador que quedaría en evidencia en el cambio de forma Portos de Galicia, que pasaría de ser un ente autónomo a ser una entidad pública empresarial. También llamó la atención Prado sobre otra cuestión, prioritaria para Arousa: «Esta lei resúmese en náutica recreativa, usos comerciais e usos industriais. Da pesca e do mexillón apenas se di nada, e iso nesta ría é incomprensible», dijo.

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