La revisión del PXOM hubiese frenado cualquier gran superficie en Megasa

El alcalde de Vilagarcía, el socialista Alberto Varela, asestó ayer un golpe de autoridad en el pleno. Lo hizo como regidor. Pero sobre todo como especialista en urbanismo. Como asesor jurídico que fue durante años de ese mismo departamento municipal.

La corporación debatía una moción en la que Esquerda Unida proponía suspender las licencias para áreas comerciales superiores a 2.500 metros cuadrados y habilitar un servicio jurídico para aquellos ciudadanos o colectivos que se las ven y se las desean para mantener un pleito como el que Zona Aberta sostiene contra los promotores del desembarco de Alcampo en Megasa. Varela tomó la palabra para recomendarle a su predecesor, Tomás Fole, que guardase silencio «a ver si así aprende algo». Lo que siguió fue una argumentación sobre el estado de la tramitación del expediente y los pasos que no se dieron y hubiesen frenado el proyecto. Tan clara, que apenas admitió réplicas secundarias y convenció a EU y al resto de los grupos, PP incluido, de la conveniencia de reunir de urgencia a portavoces, servicios técnicos del Concello, abogados de la asociación de comerciantes y a Eptisa, la empresa encargada de la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal. El objetivo: analizar hipótesis para solucionar el embrollo en el que ha degenerado todo este asunto.

La suspensión de autorizaciones, explicó Varela, puede llevarse a cabo. Pero una sola vez y durante un período máximo de dos años. Si transcurrido este tiempo el asunto de fondo no se ha solventado -en este caso, la revisión del PXOM- el Concello estaría obligado a conceder licencias a quienes lo solicitasen de acuerdo con las condiciones urbanísticas anteriores.

Desde septiembre del 2013

Algo así ya ha ocurrido. El Concello suspendió licencias en 1996 al hilo de la aprobación inicial del plan urbanístico que sigue en vigor. Pero su ratificación no llegó hasta el 2000, es decir, dos años después de lo previsto, con lo que la paralización tuvo que ser levantada en 1998. Como resultado, advirtió el alcalde, hoy funciona en Rubiáns una gasolinera que no tendría que haberse construido y en la urbanización Veiga de Lamas, en Carril, una vivienda ocupa el lugar que el planeamiento reservaba para un vial.

Varela recordó que Eptisa entregó a PP e Ivil el documento para la aprobación inicial de la revisión de aquel PXOM en septiembre del 2013. En mayo del 2015, cuando Fole dejó la alcaldía, ni siquiera había sido remitido a la Xunta para ser informado. El actual portavoz popular alegó que el problema residía en que el viejo convenio de Lantero aún no había sido incorporado al planeamiento. Pero el alcalde no dudó en cuestionar entonces su capacidad de gestión ante semejante demora. Y subrayó que en cuatro años Fole solo se reunió dos veces con los técnicos municipales a cuenta del plan. «Así -dijo- es imposible».

Lo importante es que aquel documento negaba a la parcela de Megasa tanto el uso comercial como el industrial, reveló el primer edil. De haberse aprobado, la suspensión hoy sería factible. Ahora, con el proceso dormido, razonó Varela, resulta imposible concluir la revisión en dos años.

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