La lucha legal contra el centro de Megasa le cuesta a Zona Aberta más de 10.000 euros
VILAGARCÍA DE AROUSA
El desánimo sobre las posibilidades reales de frenar el desembarco de la multinacional Alcampo prende entre el pequeño comercio
25 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El objetivo de una asociación que reúne a dos centenares de pequeños comerciantes consiste en dinamizar su sector, organizar a sus miembros y pugnar por el desarrollo de campañas que contribuyan a modernizar su actividad y fidelizar a su público abriendo, al mismo tiempo, caminos hacia nuevos nichos de clientes. No convertirse en una suerte de David contemporáneo, obligado a costearse la honda y las piedras con las que tratar de derribar a su Goliat particular.
Esta es la opinión que, poco a poco, se va abriendo camino entre los socios de Zona Aberta a medida que la tramitación del centro comercial de Megasa va cubriendo etapas. Aun tratándose de un paso menor dentro de este proceso -al fin y al cabo, pocos efectos sobre el entorno natural pueden ejercer unas instalaciones comerciales razonablemente diseñadas-, la comprobación de que el proyecto ha superado el informe de impacto ambiental por parte de la Xunta añade un punto más de desánimo al colectivo de Vilagarcía.
Su presidenta, Rocío Louzán, explicaba ayer que no es posible concretar, de momento, el dinero que Zona Aberta ha empleado hasta ahora en su lucha judicial contra el centro comercial promovido por los propietarios del solar sobre el que se levantaba la antigua fábrica metalográfica. Los primeros en conocerla serán los integrantes de la asociación Pero sí la cifra que ya se ha sobrepasado: «Son más de 10.000 euros», confirma la portavoz de los comerciantes vilagarcianos.
El contencioso en marcha
La principal medida activada por Zona Aberta para frenar el desembarco de Alcampo en As Carolinas es el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la aprobación definitiva del estudio de detalle por parte del Concello. Los únicos votos favorables procedieron de los grupos municipales de Partido Popular e Independientes por Vilagarcía, entonces coaligados en el gobierno local. De ser rechazado, la asociación tendría que actuar de forma similar contra la aprobación del proyecto de urbanización. Los costes se dispararían, advierte Louzán.