Estado de emergencia feminista


Las movilizaciones de la noche violeta del viernes 20-S, celebradas en casi 300 ciudades de España, como la realizada en la Alameda de Pontevedra con numerosísima participación, secundan la declaración del estado de emergencia feminista. La iniciativa partió de la Plataforma Feminista de Alicante el pasado 6 de agosto. Cundió y se propagó con inusitada rapidez. Perfectamente entendible por otro lado ante las cifras de asesinatos, violaciones y agresiones sexuales en «manadas», que se han dado en este verano. Y para colmo, por si no había argumentos de sobra, el lunes nos cayó encima el mazazo de la matanza de Valga. Como recogía el comunicado conjunto que se leyó en Pontevedra, «el estado de emergencia se decreta en casos de perturbación de la paz de un Estado, como consecuencia de graves circunstancias que afectan o impiden la vida normal de una comunidad».

«¿Es normal que durante el mes de julio haya sido asesinada una mujer cada dos días?, ¿No es grave que los delitos sexuales en España hayan crecido un 50% en julio y agosto?, ¿Podemos hablar de normalidad, cuando en lo que llevamos de año se han duplicado el número de violaciones grupales en relación a años anteriores?, ¿Cuando en España cada seis horas se denuncia una violación?, ¿Podemos hablar de paz si han asesinado más de 40 mujeres en 2019?», decía el manifiesto.

Las cifras

Ha sido otra semana de espanto con cuatro casos más de mujeres asesinadas. Una vecina de Ciudad Lineal, en Madrid y la barbarie de Valga. En ambos casos, los feminicidas mataron a sus exparejas delante de los hijos que habían tenido en común. De las tres muertes en la casa de Carracido, en Cordeiro, solo el fallecimiento de Sandra computa para la estadística oficial pues a su hermana Alba, y a Elena, la madre de ambas, se las tipifica como «víctimas colaterales». Un disparate basado en un eufemismo de imposible digestión que debería corregirse legislativamente. El registro oficial de víctimas de violencia de género que realiza la Delegación del Gobierno se atiene a lo dispuesto por la Ley orgánica vigente que solo considera víctimas de violencia de género a las parejas y exparejas así como a los hijos e hijas que mueran por la acción del criminal.

Frente a ese enfoque restrictivo, las plataformas de mujeres llevan un recuento paralelo y oficioso, a través de la web feminicidio.net que sí incluye a la hermana y a la madre de Sandra Boquete entre las víctimas de la violencia machista. De tal modo que mientras para el Gobierno de la nación, hasta ayer llevamos 41 víctimas en 2019, para la web feminicidio.net, la cifra de víctimas se dispara hasta las 73 pues incluyen en ese listado a las tres mujeres asesinadas por José Luis Abet en Valga y otras en los demás casos de este año en los que se produjo lo que definen como feminicidios familiares.

El debate judicial

De hecho, será la jueza de Caldas que lleva las diligencias por el crimen múltiple de Valga quien deba encauzar en el futuro sumario, el tipo penal que le aplique a los tres asesinatos cometidos. Parece muy fundamentado que las tres mujeres eran el objetivo del feminicida que buscaba vengarse contra su expareja pero también contra la excuñada y la exsuegra por su apoyo a Sandra en cuyo auxilio precisamente acudían a diario al domicilio de Carracido, en Valga.

Por tanto, perfectamente podrían ser consideradas como tres víctimas de violencia machista por razón de género lo que constituiría un agravante más en el caso. Además de la premeditación (compra del arma y de la munición y acudir a la hora en que podía interceptar a su ex mujer llevando a los hijos al colegio) y, por supuesto, el ensañamiento que implica haber vaciado tres cargadores y entre 15 y 17 balas sobre las tres mujeres a las que mató.

El triple crimen de Valga puede implicar una condena de prisión permanente revisable como fuentes jurídicas apuntan. Para la Fiscalía no fueron homicidios sino asesinatos.

Pioneros

Pontevedra y la Audiencia Provincial han sido pioneros en la aplicación del nuevo tipo que la última reforma vigente del Código Penal mantiene: la prisión permanente revisable. Un formato de cadena perpetua «3.0» que está bajo la lupa. Condicionado a que se atempere la situación política, después del 10 de noviembre, y a expensas de un recurso ante el Tribunal Constitucional, presentado por el PSOE.

PP, Ciudadanos y Vox quieren su mantenimiento, como los tres millones de españoles que han firmado a favor en la campaña que capitanearon Juan Carlos Quer, el padre de Diana, y Juan José Cortés, el diputado onubense del PP, padre de Mari Luz. En esa campaña también estuvo Rocío Viéitez, madre de Amaia y Candela, las niñas que fueron asesinadas por su padre, David Oubel, el parricida de Moraña que las mató con una rebarbadora para vengarse de su exmujer, en julio de 2015.

El jurado popular que entendió del asunto en el juicio celebrado en 2017, en Pontevedra, declaró a Oubel culpable sin paliativos. La magistrada Nélida Cid, presidenta de la Sala Cuarta, no dudó a la hora de imponer la pena de prisión permanente revisable. La primera que se imponía en España.

Hace unos días Ana Julian Quezada, asesina del niño Gabriel, el “Pescaíto”; dentro de unas semanas, José Enrique Abuín “El Chicle”, asesino de Diana Quer, serán también presos permanentes.

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