Las acusaciones de contrabando de tabaco cercan al exalcalde de Ribadumia desde 1983 y lo sitúan creando el negocio en Galicia junto a más personas desde los años sesenta
29 ago 2023 . Actualizado a las 13:29 h.José Ramón Barral Martínez (Ribadumia, 1943) llegó en 1983 a la alcaldía de su ayuntamiento natal figurando en el sumario 65/83; la más ambiciosa investigación contra el contrabando de tabaco realizada en Galicia y, a la vez, el mayor fiasco judicial por su archivo final. El Juzgado Especial de Delitos Monetarios y el Ministerio de Hacienda, entonces, le atribuían un patrimonio superior a los seis millones de euros y lo situaban coliderando un trama de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales junto a guardias civiles, otros alcaldes, jueces, banqueros y hombres de negocios en O Salnés. Reconstruir los pasos de Nené Barral entonces, o en años anteriores, implica relacionarlo con otro presunto contrabandista de altos vuelos; Vicente Otero Pérez, Terito, igualmente protagonista del sumario 65/83 junto a más arousanos hoy de sobra conocidos: Manuel Charlín Gama, Sito Miñanco o Marcial Dorado.
A Barral y Terito, primero, les unió la amistad. El segundo, se dice, fue mentor del primero, incluso un padre putativo; luego, llegaron los negocios legales. La venta de coches fue uno, pero la leyenda ubica a ambos desde los años sesenta cimentando el negocio del rubio de batea que germinó en la ría de Arousa. También estableciendo los cauces para lavar dinero hasta ese momento inéditos en Galicia. Incluso el salto de Barral a la política municipal, con las siglas de Alianza Popular (AP), estaría relacionado con la demostrada influencia de Terito en el partido. Los mismos informes del Ministerio de Hacienda en 1983 situaban a AP como receptor de parte de las ganancias generadas con el rubio de batea. Aquello, con el tiempo, se bautizó política de contrabando, pero nunca implicó sentencias que transformaran la leyenda negra en hechos probados.
Nené Barral, hoy con 79 años, está achacoso y ha dejado de acudir a diario a la piscina de Vilagarcía para mantenerse en forma. Los problemas judiciales, cuatro décadas después, siguen quitándole el sueño por los mismos delitos que en 1983. De aquel bautismo procesal salió absuelto y nunca mermó su arrastre electoral. Incluso en 1987, procesado por contrabando y blanqueo, revalidó la mayoría absoluta. El tirón de Nené entre sus vecinos era imparable y se mantuvo hasta el 2001, pese al malestar que generaba al entonces máximo responsable del partido, José María Aznar, la aparente relación de su militante con la mafia del tabaco. Solo la detención de Barral a manos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el 2001, acusado de importar y exportar contenedores de cigarrillos siendo alcalde, defraudar al erario público y blanquear las ganancias, logró echarlo del concello y del PP.
Aquella investigación, tras 21 años, sigue sin juzgarse. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra decidirá, tras celebrarse hace dos semanas una vista de cuestiones previas, si es competente para enjuiciarlo. Los abogados defienden que los delitos están prescritos, pero la Fiscalía se opone y reclama 10 años de cárcel para el casi octogenario exalcalde por defraudar 4,9 millones de euros; valor del tabaco decomisado en un contenedor en el Puerto de Vigo.
Está por ver cómo se resuelve el órdago más próximo al que se enfrentará Barral, pero en el caso de ir a juicio y ser condenado, su ingreso en prisión se demoraría por los recursos que presentaría para evitar que la sentencia se haga firme. Incluso podría prorrogarlo aún más solicitando un indulto al Gobierno, o, ya cuando se reclamara su ingreso en prisión, alegar problemas de salud.
Segundo órdago
La Agencia Tributaria y la Fiscalía nunca dejaron de marcar de cerca a Barral, a sus cuentas bancarias y familiares más próximos. En el 2016, cercado y para evitar una condena de ocho años, alcanzó un pactó para excluir a sus hijas de la acusación. El exregidor popular abonó 700.000 euros tras reconocer que disfrazó ante Hacienda los ingresos generados por sus negocios eólicos y acuícolas en China y Chile en el 2006 y 2007.
A cambio, la Fiscalía retiró la acusación contra las tres hijas de Barral, imputadas como socias de su padre en una sociedad offshore que operaba desde las Islas Vírgenes Británicas. Una derrota menor para evitar otra mayor, pero que evidenció las tretas de Barral para seguir engordando un patrimonio que levantó de la nada durante décadas a la vez que arrastraba el estigma de que su principal fuente de ingresos fue siempre la venta de tabaco al por mayor.
El otro órdago procesal de Barral pendiente de resolverse empezó a cocinarse sobre el 2014 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, de la mano de la magistrada Pilar de Lara y, otra vez, de la Agencia Tributaria. Tras la salida forzada de De Lara en el 2020 por imposición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el juez sustituto se inhibió en favor de la Audiencia Nacional por el alcance internacional de la trama.
La causa, ahora, sigue en fase de instrucción y pendiente de recibir comisiones rogatorias de otros países en donde Barral ocultaría dinero; pero sin previsión a corto plazo para finalizar la investigación. Por lo que el juicio, de celebrarse, puede tardar al menos tres años. El tiempo, en este caso también, corre a favor del exalcalde de 79 años. Y eso que la tesis procesal le atribuye el liderazgo de una trama de contrabando desde Estados Unidos y China, vía Grecia y Emiratos Árabes, a España y Portugal, además de nuevos cauces para clarear las ganancias.