Ribadumia debe indemnizar a la Iglesia con 50.000 euros por no cederle un terreno que no era suyo
RIBADUMIA
El Concello responsabiliza a Salomé Peña y anuncia medidas
12 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Ribadumia deberá indemnizar al Arzobispado de Santiago con alrededor de 50.000 euros por incumplir el convenio firmado en 2010 según el cual el Concello se comprometía a cederle una parcela de dos mil metros cuadrados en A Carballeira para construir un templo y la vivienda del párroco. Esta cesión nunca se materializó por el simple hecho de que el Ayuntamiento nunca llegó a ser el propietario de esos terrenos.
El gobierno local acusa a la anterior alcaldesa, Salomé Peña, de mentir a sabiendas y anuncia que tomará medidas -no especifica cuales- contra ella y su equipo de gobierno por su proceder en este asunto, «totalmente lesivo para os intereses do Concello, non só pola súa repercusión na situación económica senón tamén polo que implica de perda de credibilidade e de seguridade xurídica, por asinar convenios que son, de antemán, inviables», señala a través de un comunicado.
Los hechos
En marzo del 2010 el Concello firmó un convenio con la Iglesia para construir el tanatorio municipal que establecía cesiones por ambas partes. El arzobispado aportaba 2.007 metros cuadrados a cambio de otra parcela de similares dimensiones en A Carballeira, que el Plan Xeral de Ordenación Municipal reservaba como área destinada a equipamientos públicos. Pero esos terrenos nunca llegaron a engrosar el patrimonio municipal porque en mayo del 2009, diez meses antes de la firma del convenio con el arzobispado, la alcaldesa firmaba otro convenio con el propietario de A Carballeira en el que únicamente se contemplaba la cesión de áreas para zonas verdes, renunciando así a los terrenos destinados a equipamientos públicos, según el relato que ofrece el gobierno local.
El convenio suscrito con el Arzobispado de Santiago establece un plazo de cinco años, y otros dos prorrogables, para ejecutar el convenio e incorpora una cláusula según la cual se fija una indemnización de 40.000 euros en favor de la Iglesia, más los intereses correspondientes, en caso de que no llegue a cumplirse.
Los plazos vencieron y el tripartito se encuentra ahora con la desagradable sorpresa -pues afirman que nunca fueron advertidos de esta situación- de que debe destinar 50.000 euros de los fondos municipales para atender esta deuda pendiente.