La Audiencia de Pontevedra libera a dos supuestos hombres clave del clan Santórum por falta de motivación

Ambos permanecían en prisión tras la incautación de 4.500 kilos de cocaína a bordo del remolcador MV Karar; la resolución causa un duró revés al tratarse, según la tesis policial, de colaboradores relevantes


Vilagarcía / La Voz

Una cosa es tener constancia de movimientos, malas compañías y niveles de implicación en determinados hechos delictivos, y otra distinta hilarlo todo y motivarlo de tal forma que sus protagonistas puedan ser llevados ante un tribunal con todas las garantías y los cabos bien atados. La captura del segundo macroalijo del confinamiento, cuatro toneladas y media de cocaína que viajaban hacia Galicia a bordo del MV Karar, condujo al desmantelamiento de un clan con amplia capacidad logística, comandado, supuestamente, por Juan Carlos Santórum, un vilanovés de 42 años que continúa fugado. Ahora, la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de poner en libertad a dos teóricos integrantes del grupo gallego. Lo hace por falta de motivación en los autos de prisión que dictó el Juzgado número 3 de Vigo.

La operación, ejecutada por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, incluyó, además del abordaje del remolcador en alta mar, 28 detenciones y una veintena de registros que sacaron a la luz una red de naves en Vilagarcía, O Grove, Sanxenxo y Tomiño, entre las que se movían cuatro embarcaciones. Dos de ellas, verdaderos bólidos de catorce metros de eslora y autonomía para surcar seiscientas millas náuticas (unos mil kilómetros).

Uno de quienes salen a la calle es Fidel Fernández, al que se le atribuye una función fundamental: ser el nexo de unión entre el clan arousano y las organizaciones proveedoras. «Es cierto que la instructora hizo referencia a la aprehensión del buque y a la existencia de intervenciones y vigilancias [...], pero esa parca motivación no cumple los requisitos», señala la resolución de la Audiencia. El propio investigado reconoció su estrecha relación con Santórum, pero los atribuye a su faceta profesional, consistente en la adquisición y reparación de embarcaciones.

El Ministerio Fiscal desglosa, en su respuesta a la defensa de Fernández, todos los indicios existentes sobre su intervención en los hechos, pero el auto de prisión ni siquiera menciona este amplio informe. En resumidas cuentas, «del atestado no puede colegirse la presencia de indicios o sospechas de la concreta tarea que le atribuye». La resolución admite que, a lo sumo, se le puede asignar un papel de mediación «entre transportistas de diversas partes del territorio nacional, para realizar futuras operaciones de narcotráfico, pero no entre los proveedores de la droga ahora aprehendida y el clan de los Santórum». Nuevamente, la Fiscalía desarrolla los motivos por los que considera que el detenido tuvo una participación relevante en el alijo. Sin embargo, el auto de prisión no se basa en ellos, sino solo en ese papel mediador que queda en el aire.

Falta de indicios concretos

La Audiencia aprecia una falta de indicios concretos semejante en el caso de Ismael Cores, supuesto lanchero adscrito al grupo de Juan Carlos Santórum. A este hombre, el auto lo relaciona con la nave de Vinquiño (Sanxenxo) en la que fue hallada una embarcación. «Concluir de ello que iba a ser destinada necesariamente al desembarco de la droga incautada es una inferencia no admisible», entiende el tribunal. No basta, añade, con que Cores y otras personas implicadas en este caso frecuentasen las instalaciones inspeccionadas, pues su relación «puede obedecer a otras finalidades». A ojos de la Audiencia, no existen otros factores que lo incriminen, por lo que también decreta su puesta en libertad.

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