El TSXG rechaza los recursos y confirma la demolición de las viviendas de Raeiros
O GROVE
Los jueces concluyen que el derribo de la urbanización es ya la única vía que permite restituir la legalidad urbanística
04 dic 2018 . Actualizado a las 21:55 h.A comienzos de noviembre, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) dio a conocer una sentencia por la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra ordenaba demoler la urbanización de Raeiros. A partir de entonces, todo el mundo en O Grove tendió la vista hacia el resultado de los recursos interpuestos por los propietarios de las 52 viviendas amenazadas por la piqueta. Pues bien, estos comienzan a llegar. Ayer, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó la apelación de los afectados y confirmó el fallo que obliga a derribar la controvertida promoción, levantada prácticamente a pie de playa utilizando una licencia de apartahotel.
La decisión todavía no es definitiva, puesto que los propietarios pueden presentar un recurso de casación, bien ante el Tribunal Supremo, bien ante la sala correspondiente del TSXG. Pero la piqueta está un poco más cerca de Raeiros. En su resolución, desde luego, los magistrados concluyen que el estado actual de la urbanización contraviene claramente la legalidad y entienden que la demolición «se erixe na única medida posible a disposición da Administración para eliminar a parcelación ilegal». En su opinión, las 52 viviendas en absoluto están amparadas por la licencia que se obtuvo en 1993 para la construcción de un apartahotel de uso turístico. «Resulta clara -sostienen los jueces- a existencia dos apartamentos como terreos independentes e de propietarios individuais, no marco dun complexo inmobiliario privado sometido a réxime de propiedade horizontal, de natureza residencial».
Es más, la sentencia entiende que los compradores de las viviendas eran conocedores, necesariamente, de su obligación de restituir la legalidad, puesto que la Xunta lo anotó en el registro de la propiedad. La única forma de haber evitado la demolición, señala el TSXG, pasaba por acatar la orden que la Xunta emitió en el 2007 para unificar todas las casas en una única propiedad e implantar el uso hotelero. Como quiera que aquella instrucción fue ignorada, la APLU decretó el derribo en el 2010 y en el 2014 con idéntico resultado. Si el Supremo no lo impide, las excavadoras harán su trabajo.