Pese a la huelga, se celebró la vista contra un vecino de O Grove acusado de abusar de una niña de quince años
26 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Con un seguimiento estimado por los sindicatos del 95 % en la ciudad de Pontevedra y de una media del 85 % en los partidos judiciales limítrofes, la tercera jornada de huelga en la Xustiza se tradujo en oficinas en penumbras, sillas vacías, ordenadores apagados y decenas de actos procesales suspendidos y aplazados.
«A ver que escribes de mi familia», fue lo que le espetó Diego F. C, uno de los dos guardias civiles juzgados por supuestamente filtrarle informaciones del instituto armado a clanes de la droga, a un par de periodistas nada más comunicarle la suspensión de esta vista oral en la Audiencia de Pontevedra. En este órgano judicial los servicios mínimos establecieron que una única funcionaria debía atender simultáneamente a las dos salas de penal.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo esta labor, la sección cuarta se vio obligada a suspender la tercera sesión del juicio contra los presuntos topos de la Guardia Civil. Esta decisión, cual si de fichas de dominó se tratara, provocó que se tuviera que suspender el juicio que el 20 de febrero próximo iba a sentar en el banquillo al rey de las verbenas gallegas y para quien el fiscal solicita 37 años y 3 meses, así como el pago de multas por cerca de trece millones como supuesto autor de distintos delitos fiscales.
El ministerio público sostiene que el denominado Grupo Lito, que fundó Ángel Martínez Pérez, Lito, en el año 2009 facturó 25.372.497 euros y «solo declaró a la Hacienda Pública Estatal un total de 3.114.104,32 euros», mientras que un año después, y siempre según el ministerio público, facturó 26.910.279 euros y declaró 3.485.840 euros. Ya en el 2011 y el 2012, la situación, en opinión del fiscal, no varió. Aunque habría ingresado 26.096.785 y 23.973.409 euros, respectivamente, presuntamente se limitó a declarar 2.160.422 y 1.997.967 euros.
Por el contrario, los servicios mínimos sí que posibilitaron la celebración del juicio en la Audiencia contra un vecino de O Grove acusado de abusar de la hija de 15 años de una vecina. Celebrado a puerta cerrada, lo único que ha trascendido es que el fiscal mantuvo su petición inicial de once años de prisión.
También en A Parda
La misma imagen que mostraban las dependencias de la Audiencia Provincial se podía atisbar en el edificio judicial de A Parda, donde el seguimiento de la convocatoria de huelga fue masivo y pudo alcanzar el 99 %, indicaron fuentes sindicales. Eso sí, se mantuvieron los servicios mínimos que, en este caso, se tradujeron en tramitar aquellas cuestiones que eran consideradas urgentes.
Estas mismas fuentes resaltaron, a modo de ejemplo, que la totalidad de juicios señalados en la jurisdicción Social se tuvieron que suspender, por lo que tendrán que señalarse de nuevo.