Decretan la apertura de juicio oral por la malversación de medio millón de euros del pósito meco
14 oct 2017 . Actualizado a las 22:45 h.Ocho años después, el caso por el agujero de medio millón de euros en las cuentas de la cofradía de O Grove sigue vivo en los tribunales. Tras una dilatada trayectoria en los juzgados de Cambados, el asunto ha pasado ya a la Audiencia, donde será un jurado popular el que analice los hechos que se le imputan a Fabricio Fernández, quien mientras «desarrollaba funciones de gestor económico» en la cofradía, se habría apropiado, paulatinamente, de una gran cantidad de dinero durante los años 2009 y 2010. Así rezan, al menos, los relatos elaborados por el fiscal y por la acusación particular.
Las razones
Según el Ministerio Público, Fabricio Fernández es responsable de un delito de malversación de caudales públicos. Por ello, pide para él seis años y un día de prisión, además de que indemnice con 655.544 euros a la cofradía grovense. Esta se presenta al juicio como acusación particular. Para el pósito, Fabricio Fernández es responsable también de un delito de malversación, alternativamente de un delito de apropiación indebida, y además otro de falsificación de documentos públicos. Aseguran que el acusado abusó de la confianza de la dirección de la cofradía, encarnada entonces en el patrón mayor Francisco Iglesias, y que operó sin autorización de este para hacerse con el dinero del pósito. En que su plan saliese bien influyó, además, el hecho de que dos entidades bancarias permitiesen al acusado retirar o mover dinero sin contar con la firma del patrón mayor, que debía acompañar siempre a la del gerente. La cofradía pide para su extrabajador ocho años de prisión, cinco y medio «si se considera que la conducta es constitutiva de un delito de apropiación indebida», y tres años de prisión por delito de falsedad documental. También quieren que el acusado, de ser hallado culpable, indemnice a la cofradía con 505.465 euros por la cantidad total defraudada, y en concepto de daños y perjuicios por los daños causados, 78.765 euros. Y es que, como consecuencia del agujero abierto en sus cuentas, la cofradía se vio «en una delicada situación económica y de falta de liquidez».
Sobre la mesa está la existencia o no de un posible atenuante de ludopatía, si bien se entiende que el acusado «tenía intactas sus capacidades de entender».