Carmela Silva explicó ayer el paso judicial y avanzó otras anomalías
29 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Una pregunta del Partido Popular al final del pleno de ayer en la Diputación de Pontevedra llevó a la presidenta de la institución, Carmela Silva (PSOE), a revelar datos sobre el traslado a la Fiscalía del expediente correspondiente a las Pousadas do Salnés. El PP quería saber en qué estado se encontraba la puesta en funcionamiento de los establecimientos hoteleros y qué pretendía hacer la Diputación con ellos.
Silva se descolgó entonces con un respuesta que traía preparada con un guion sobre la gestión de todo el proyecto, empezando por los sobrecostes y acabando por detalles como que los edificios, ya rematados, carecían hasta hace semanas de vigilancia, licencias de primera ocupación o incluso fondos para el abono del suministro de luz. Y reveló el paso judicial, que completa el traslado a la Fiscalía de proyectos de la anterior etapa, con Rafael Louzán (PP) al frente de la institución por valor de treinta y cinco millones de euros.
El gasto en las Pousadas ha rebasado desde su inicio los veinte millones de euros, relató Silva, visiblemente molesta por las veladas acusaciones de parálisis en la gestión vertidas por el PP al hilo del retraso en la apertura de los hoteles. «O presuposto inicial case se tiña triplicado». Además del sobrecoste, Silva anunció que se han detectado también «irregularidades na tramitación dos pagos que poderían xerar a necesidade de profundizar na súa legalidade».
En cien días de gobierno, que se cumplieron el pasado día 27, aseguró Silva que solo se han dedicado a arreglar el embrollo en el que, abundó, se encontraba toda la tramitación. «A xestión do proxecto estaba paralizada desde o 2014 e agora, aos novos responsables úrxenselle solucións».
La presidenta de la Diputación afeó al Partido Popular ahora las prisas después de que «os edificios estiveran rematados no 2012», y que «a concesionaria non asinara» el convenio por discrepancias. «Coa concesionaria estase a desenvolver un grupo de traballo para subsanar os puntos de diverxencia», dijo, después de que la empresa presentase, el pasado 10 de agosto, un recurso en el que confirmaba que «os inmobles non estaban en condicións de ser recepcionados». En junio pasado no tenían licencia de primera ocupación ni seguro ni vigilancia ni, en el caso de la de Meaño, suministro eléctrico por la falta de un transformador específico necesario. También explicó que hubo que habilitar 38.000 euros para pagar facturas de suministro del resto de Pousadas y que faltaba el abono de tasas por algunas licencias ante algún ayuntamiento, como el de O Grove, donde está la Pousada de A Lanzada.
En un proyecto que ha sobrepasado los veinte millones de euros, al llegar el nuevo gobierno, «no crédito dispoñible no proxecto Pousadas quedaban só 861,16 euros», relató Silva.
Por otro lado, los grupos representados en el pleno de la Diputación aprobaron ayer una moción para apoyar a los emigrantes retornados. La propuesta pide que se elimine la retroactividad de las reclamaciones de dinero y que se les devuelvan las multas.