El atraco a una sucursal de Caixavigo en Meis y el decomiso de un alijo millonario de coca situaron a esta cuadrilla en el top ten de la delincuencia patria en 1989. Fallos judiciales dejaron libres a casi todos
01 oct 2019 . Actualizado a las 14:00 h.Colombianos mezclados con gallegos, tráfico de drogas, armas, secuestros, un atraco con un botín de ocho millones (50.000 euros) de pesetas en una sucursal bancaria de Mosteiro (Meis) y una fuga de prisión dan vida a esta historia vivida a finales de los ochenta para llegar a su fin el cinco años después. Todo empezó el 2 de noviembre de 1989 cuando tres encapuchados armados con pistolas se apoderaron de ocho millones de pesetas en la sucursal de Caixavigo en Mosteiro. Los atracadores secuestraron y amordazaron previamente al director de la entidad bancaria y a una empleada doméstica en su domicilio sobre las cuatro de la mañana. Allí los mantuvieron hasta las seis, cuando en el coche del propio director se dirigieron al lugar del robo, donde también secuestraron a un joven. Al finalizar, huyeron dejaron en la oficina a los rehenes.
Siete días después, en Vigo, la Policía Nacional incautó cocaína valorada en 270 millones de pesetas (1.6 millones de euros): «Inicialmente se les ocuparon 900 gramos, luego cinco kilos más de la misma droga ocultos en el interior de un radiocasete que se incautó en el chalé donde residían los cabecillas del grupo», publicó La Voz antes de poner nombres y apellidos a los sospechosos: «El grupo era dirigido por una colombiana, Fabiola Cruz de Ríos, y un coruñés, Juan Carlos Paredes Petrobelle, alias Cicatrices. Este y otro de los miembros de la banda -algunos de los cuales están conceptuados como «muy peligrosos»- se habían fugado de la cárcel lucense de Bonxe. También se incautaron un revólver y una pistola».
Los detenidos, aunque eran once, pasaron a llamarse la «banda de los diez». La brutalidad de los métodos usados en el atraco, junto con su potencial para importar kilos de cocaína, hizo que la Fiscalía pidiera penas ejemplares de cárcel que superan los 100 años. Ocurrió en mayo de 1993, en la Audiencia Provincial de Pontevedra, con motivo del juicio que aglutinaba semejante reguero de delitos. Todo estaba listo y los acusados sentados en sala, pero de repente, se suspendió la vista: «La decisión del tribunal que preside el titular de la sala, el magistrado Rafael Martínez Sánchez, se basó en que una de las letradas defensoras no recibió la notificación del procurador con la antelación suficiente».
La vista se retomó en octubre. La Fiscalía argumentó su escrito de acusación elevando a esta banda a la categoría de organización criminal: «Su pretensión era organizar una red de reparto de cocaína traída de Sudamérica. Se detectó que acudían con frecuencia a un piso en el que vivieron Juan Martínez y su novia, Belén Pérez Rodal, y Juan José Nogueira y su compañera, María Jesús Tielas Fernández. Los cuatro, según un policía, atendían los recados telefónicos supuestamente relacionados con la banda».
Ocho de once
Pero la gran sorpresa aún estaba por llegar en forma de sentencia el 14 de noviembre de 1994. «La nulidad de las escuchas salva a los presuntos narcos», tituló La Voz antes de exponer el contenido del fallo judicial. «Las deficiencias en la instrucción del caso contra una supuesta red de narcotráfico de Vigo, juzgado el pasado 17 de octubre, condicionaron el fallo y provocaron la absolución de la mayoría de los procesados. Aunque la sentencia no recoge críticas a la fase instructora, sí cita omisiones que provocaron la nulidad de pruebas de cargo. Las escuchas telefónicas no fueron tomadas en cuenta por el tribunal e incluso a uno de los acusados se le absuelve al no constar el preceptivo análisis de la sustancia blanca cuya propiedad se le atribuyó».
La Audiencia condenó a un total de casi 29 años de cárcel a tres de los procesados. Se trataba de Enrique Román Alonso, por tenencia de drogas, tenencia ilícita de armas y uso de DNI falso, que fue detenido tras una espectacular persecución en coche por Vigo, tras la que se ocuparon una pistola y 4 kilos de cocaína. En un piso que ocupaba Juan Martínez se encontró dinero procedente de la sucursal bancaria de Mosteiro (Meis), que fue asaltada tomándose como rehenes al director y la empleada de hogar del domicilio de este. Precisamente, la asistenta reconoció al reo como una de las personas que merodeó por la casa antes del atraco. La condena para Juan Martínez suma catorce años por robo con intimidación y toma de rehenes, así como por uso ilegítimo de vehículo.
En cuanto a José Benito Cores, fue condenado por elaboración de drogas a dos años y cuatro meses. En este sentido, en el registro efectuado en una vivienda de Vilanova se hallaron útiles para la producción de cocaína. Una práctica que alguno empresarios de esta droga intentaron asentar entonces en las Rías Baixas, pero que, con los años y los palos policiales, acabó desapareciendo a la misma velocidad que el narco da terra asimiló, salvo contadas excepciones, que su rol en este negocio globalizado no pasa de mero transportista.