Los centros en los que hubo más de un candidato a gestionar las instalaciones siguen esperando
06 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La nueva Ley de Contratos está causando problemas a las administraciones pequeñas, pero también a las grandes. La Xunta ha tropezado con esa normativa a la hora de sacar a licitación los servicios de cafetería de los centros de secundaria. Y eso se traduce en que, semanas después de iniciado el curso, estos sigan sin funcionar en hasta cinco centros de la comarca. En los otros seis ya se puede tomar un café o comerse un bocadillo a media mañana, aunque desde hace relativamente poco tiempo.
«Non so non está funcionando a cafetería, senón que non temos información ningunha de cando empezará a facelo», aseguraban ayer en el instituto de Meaño. La Xunta explicaba ayer que, en estos momentos, ya están adjudicadas la mayor parte de las cafeterías (244 de 255) que deberían abrir sus puertas en este mismo mes. En ese horizonte, por tanto, deberían moverse los institutos Castro Alobre, Carril y Fermín Bouza Brey (Vilagarcía), Meaño y Asorey (Cambados). En todos ellos echan de menos un servicio importante, dicen desde los equipos directivos, para toda al comunidad educativa.
«Moitos pais están chamando para saber que pasa. A este centro veñen estudantes doutros municipios, e cando teñen clase pola tarde non lles compensa ir comer á casa. A cafetería dálle moito servizo», argumentan desde el Asorey, donde confían en que la próxima semana la cocina esté ya en marcha. Las mismas cuentas echan en el Bouza Brey, otro centro en el que se imparten numerosos ciclos y en el que el servicio «bótase moito de menos». «Hai días nos que os alumnos entran ás oito e media e saen as tres e media. É moito tempo, e no recreo precisan tomar algo para recargar pilas», explican desde As Bizocas, donde la cafetería, aunque también con cierto retraso, comenzó a funcionar la semana pasada.
Las explicaciones
La consellería explicaba ayer que el problema surgido con las cafeterías radica en la nueva Ley de Contratos. Esos servicios han tenido que tramitarse a través de la propia consellería, «o que implicou convocar un concurso aberto a todos os operadores dos sector da hostalería». En muchos caso, al no tratarse de licitadores expertos, «producíronse erros na presentación de documentación pola súa parte, que tiveron que subsanar, e que foron aumentando o número de días para resolver», argumentan. La Xunta asegura que «se actuou en todo momento en beneficio dos propios centros para que non estivesen en situación de ilegalidade».