La Xunta apremia a las diputaciones para que asuman la conservación del puente de Catoira

m.g. RIBEIRA / LA VOZ

CATOIRA

MARCOS CREO

Ethe Vázquez descarta, por el momento, la transferencia de esa infraestructura

09 ene 2019 . Actualizado a las 14:49 h.

Desde hace tiempo, a ambos lados de la ría de Arousa se viene reclamando el traspaso a la Xunta de Galicia del vial provincial que une Barbanza con el enlace de la AP-9 en Caldas, una carretera que está bajo la titularidad de las diputaciones de A Coruña y Pontevedra y que en su trazado incluye el puente que atraviesa el Ulla de Rianxo a Catoira. La cesión de esta carretera tendría como objetivo una mejora integral de un trazado que se ha mostrado peligroso por la elevada cifra de accidentes que registra. Hasta ahora, la demanda no ha tenido respuesta, y no parece que vaya a tenerla a corto plazo. De momento, la principal preocupación de la consellería con respecto a esta cuestión es la falta de inspecciones y de labores de mantenimiento en el viaducto de Catoira.

Así lo manifestó la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, al preguntársele por la posibilidad de que se materialice el traspaso al hilo de las discrepancias que mantienen los concellos con las diputaciones por el mantenimiento del alumbrado en el puente de Catoira, y que provocan que todas las farolas permanezcan apagadas. En este sentido, la titular del departamento autonómico apremia a los entes provinciales a asumir su responsabilidad y encargarse de la correcta conservación del viaducto.

Asimismo, recordó que en el Parlamento se dio luz verde a finales de año a una proposición no de ley en la que se insta tanto a la Diputación de A Coruña como a la pontevedresa a realizar urgentemente un análisis estructural del puente para acometer las mejoras que sean precisas y a establecer un calendario de inspecciones periódicas en el futuro.

En lo que respecta al traspaso del vial a la Xunta, de momento no hay nada previsto, principalmente, porque no hay sobre la mesa de la conselleira una solicitud formal por parte de las Administraciones provinciales para que se lleve a cabo.