Veintiún meses de prisión a un catoirense que cobró por chalés que nunca construyó en Ourense

La sentencia exige la devolución de 72.000 euros y los gastos del préstamo que desde 2008 paga un afectado


ourense / la voz

La oferta de construcción de un conjunto residencial en A Cabeanca, en Beiro, había dado lugar a que en el año 2006 tres familias ourensanas formalizaran contratos para la adquisición de sendos chalés. El vendedor, José Ángel Iglesias, administrador único de la empresa Construcciones y Promociones Seiseme S. L., cobró entonces un total de algo más de 72.000 euros a tres compradores. Ahora, una sentencia de juzgado de lo Penal 1 de Ourense lo acaba de condenar a veintiún meses de prisión como autor de un delito continuado de estafa. La condena exige la devolución de los 72.000 euros que en su día había cobrado como señal y anticipo correspondiente a los tres chalés.

Los clientes habían llegado al vendedor por medio de una agencia inmobiliaria de A Valenzá. Los precios de los chalés de estas tres operaciones oscilaban entre 143.000 y 131.000 euros.

La magistrada, María Blanca Díez, añade a las cifras de cada afectado los intereses legales del dinero, que supondrán una notable diferencia en el pago final, aparte de los gastos correspondientes al préstamo hipotecario que una de las familias afectadas había constituido en su día y que siguen pagando en la actualidad.

Un largo proceso

Este procedimiento se había iniciado en el 2008, a raíz de que los particulares se percataran de que no había nada construido, ni existía licencia de sectorización y parcelación del terreno, ni licencia de obra. La situación en Ourense no fue la única a la que entonces se enfrentó el empresario, asentado en el municipio pontevedrés de Catoira, donde desarrollaba buena parte de su actividad inmobiliaria.

La sentencia deja claro que el acusado «hizo creer a los compradores que el contrato se iba a llevar a efecto sin ningún tipo de problema», sin advertirles de que no tenía licencia municipal ni había encargado proyecto técnico, hizo creer que la vivienda se entregaría en plazo, «con posterioridad a la firma del contrato no realizó ninguna de las actuaciones precisas para el cumplimiento de sus obligaciones» y, finalmente, «se apropió de las cantidades obtenidas de los compradores y que deberían haber servido para iniciar el cumplimiento del contenido contractual».

La empresa, como también recoge la sentencia de acuerdo con las declaraciones de los perjudicados, les mandaba cartas diciendo que eligieran los azulejos, o la grifería, pero al ver que la obra no arrancaba, cuando intentaban hablar por teléfono con el vendedor, no los atendían. La firma desapareció posteriormente.

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