El exgerente de Porto de Cambados se escuda en su falta formación contable como defensa por la acusación de desfalco ante la Audiencia
CAMBADOS
El juicio queda visto para sentencia tras una jornada en la que los peritos cifraron en 65.000 euros el lucro cesante y la defensa de J.L.S. admitió cobros en efectivo sin factura durante la pandemia
26 mar 2026 . Actualizado a las 10:40 h.La segunda y última jornada del juicio contra el antiguo gerente de Porto de Cambados, J.L.S., y su esposa, J.B., concluyó este miércoles en la Audiencia de Pontevedra dejando el caso visto para sentencia. Tras el desfile de testigos de la semana pasada, esta sesión se centró en la ratificación de los informes periciales y en la declaración de los acusados, quienes trataron de desmontar la tesis del desvío de fondos alegando inexperiencia administrativa y necesidades operativas de la empresa.
Uno de los puntos clave de la mañana fue la declaración del perito encargado de analizar las cuentas de la firma marisquera durante la etapa de J.L.S. Según el experto, la gestión del acusado no solo se tradujo en gastos difícilmente justificables, sino que provocó que la empresa dejara de ganar unos 65.000 euros en comparación con otras entidades del sector en ese mismo período. Esta cifra de lucro cesante se suma, según las acusaciones, al montante de gastos personales que no figuran en ese cómputo pericial pero que engrosan el perjuicio total a la sociedad.
Durante su interrogatorio, J.L.S. centró su estrategia de defensa en una supuesta falta de capacitación para el cargo. El acusado aseguró que no contaba con formación contable y que fue «aprendiendo sobre la marcha», reprochando a la cofradía de San Antonio, propietaria de la empresa, no haberle prestado la ayuda prometida en materia administrativa.
Respecto a los cargos por combustible y reparaciones de taller, el exgerente argumentó que utilizaba su vehículo particular para fines comerciales para no hacer uso de la furgoneta de reparto de la empresa. Sobre los constantes gastos en restaurantes, sostuvo que respondían a un acuerdo de dietas pactado con la cofradía en 2019.
Uno de los momentos clave del juicio llegó al justificar los cobros en efectivo que nunca llegaron a las arcas de la sociedad. J.L.S. admitió que, durante la pandemia, muchos clientes solicitaron pagar en metálico y «sin factura» para poder seguir operando. Aunque no aclaró el destino final de ese dinero si admitió que algunos albaranes pudieron no transformarse después en factura. Asimismo, defendió la contratación de su mujer, su madre y su suegra alegando que su experiencia en el sector conservero las acreditaba para la campaña de zamburiña para la que fueron dadas de alta.
Por su parte, la esposa del gerente, J.B., acusada como cooperadora necesaria, tuvo que responder por un ingreso de más 4.500 euros procedente de la empresa en su cuenta personal. Ambos acusados ofrecieron la misma versión: el dinero se transfirió a su cuenta particular únicamente para ser retirado en efectivo y realizar, posteriormente, un pago en metálico a un cliente de la firma. La discrepancia entre ambas partes estuvo en quién retiró este dinero.
«Un despropósito absoluto»
Al término de la vista, el abogado de la acusación particular, Ramón Sabín, se mostró tajante ante los medios, calificando la gestión de J.L.S. como un saqueo sistemático:
«Creemos que ha quedado demostrado que se han estado apropiando de ingentes cantidades de dinero. Los 65.000 euros de los que habla Fiscalía son un mínimo; seguramente hay mucho más defraudado que no vamos a poder acreditar. Es un despropósito absoluto: el acusado reconoció haber metido a trabajar a su entorno familiar sin ser necesario y sin control horario».
La Fiscalía y la acusación particular mantienen su solicitud de tres años de prisión e inhabilitación para el exgerente, y dos años de cárcel para su esposa. Las defensas, por contra, reiteraron el pedido de libre absolución al considerar que no se han probado los delitos de apropiación indebida y administración desleal. El tribunal deberá ahora decidir si la falta de formación alegada es una excusa válida o la pantalla de una gestión ilícita.