Alcaldes socialistas enarbolan la bandera del sector mar-industria

Abal ha solicitado una reunión en Madrid a la que acudirá con Cacabelos e Iglesias


cambados / la voz

Los alcaldes socialistas de Cambados, O Grove o A Illa de Arousa, tres localidades en las que la cadena mar-industria tiene una importancia capital en el empleo y la economía, están entre la espada y la pared. Los puntos 3 y 4 del artículo 18 del borrador de la Ley de Cambio Climático, auspiciada por el PSOE y que el Gobierno Central prevé votar en cuanto pase la Semana Santa, es percibida por el sector como una amenaza: aseguran que está en juego la continuidad de numerosas empresas asentadas, por cuestiones obvias, en la costa. Y, por extensión, estaría en riesgo también la actividad de los sectores extractivos que necesitan de estas empresas para comercializar sus productos. Todo ello ha generado una ola que este jueves cristalizó en un acto celebrado en el Concello de Cambados: representantes de la cofradía, del sector del mejillón, de las empresas depuradoras y transformadoras, se dieron cita en un encuentro presidido por la alcaldesa socialista de esta localidad. Un acto con el que se pretendía «dar o noso apoio ao sector mar-industria; que se vexa que estamos con vós», dijo la anfitriona, Fátima Abal para abrir la sesión.

Al acto habían acudido también representantes de Somos Cambados, del PP, del BNG y de Pode: todas las formaciones con representación local quisieron sumarse a ese apoyo, que meses atrás se había sustanciado en un acuerdo plenario adoptado por unanimidad y en el que se le pedía al Gobierno central que modificase la redacción del punto 18 a fin de dar garantías jurídicas y estabilidad a las empresas de la cadena mar-industria, y que cuando se lleve a cabo la modificación de la Ley de Costas se tenga en cuenta a este sector y sus particularidades. «Cambados segue a estar con vós, tédesnos aquí para o que faga falla», dijo Abal. Y acto seguido anunció que está tramitando una entrevista con el Ministerio de Transición Ecológica, a fin de llevar a Madrid las reivindicaciones de mariscadores, bateeiros y empresas. A ese encuentro, para el que aún no hay fecha, acudirá la alcaldesa de Cambados con otros regidores socialistas de Arousa: el grovense José Cacabelos y el isleño Carlos Iglesias.

Ese movimiento de los alcaldes tiene especial relevancia, toda vez que el PSdeG no ha querido reunirse con la plataforma de empresas que se consideran afectadas por la ley en ciernes. «Foi a única formación que non contestou á nosa solicitude de entrevista; o seu silencio é elocuente», señalaba el presidente de Agade, Roberto Fariña, que ha puesto en valor el apoyo demostrado por los socialistas de las localidades costeras, los que perciben la dimensión del problema.

«As nosas empresas non se poden tratar igual que unha petroquímica, ou que unha piscina»

Roberto Fariña, que actúa como portavoz de la cadena mar-industria desde que comenzó esta batalla, señalaba que se acaba el tiempo para forzar el ansiado cambio en la redacción del artículo 18 de la ley. Pero la capitulación no entra en los planes del sector, por eso en los próximos días continuarán con su ronda de contactos con las formaciones políticas con representación en el Congreso: hay fecha ya para hablar con Más País, Bildu y Teruel Existe. A todos ellos intentarán explicarle la importancia y el arraigo que la cadena mar-industria tiene en la costa gallega, que es donde tienen que estar estas actividades. «As nosas empresas -depuradoras, cocederos, conserveras, piscifactorías- non poden estar nun polígono, teñen que estar ao lado do mar por razóns obvias. E non se nos pode tratar como se fóramos unha petroquímica, ou unha piscina dun hotel», señala Roberto Fariña.

Sus tesis han sido avaladas desde el principio por los sectores productivos. El patrón mayor de Cambados, Ruperto Costa, explicaba ayer que el sector marisquero y pesquero depende, para la comercialización de sus productos, de estas firmas, «e todo o que lles afecte a elas nos afecta a nós». En la misma línea se expresaba, también, la presidenta del Consello Regulador do Mexillón de Galicia, Lina Solla, «No se está pidiendo más que un cambio de redacción en un artículo de la ley para darnos seguridad a las empresas y que podamos seguir creciendo e invirtiendo. Sin esa seguridad es imposible».

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